La AP-9 está más cerca de ser gallega: PSOE, Sumar y BNG han anunciado un acuerdo para impulsar su transferencia, un pacto que se formalizará en el Congreso de los Diputados mediante enmiendas transaccionales dentro de la ponencia que tramita la ley orgánica y que se reunirá este martes.
El acuerdo permitirá dar un paso decisivo en la situación de la Autopista del Atlántico: no contempla sólo que Galicia asuma su gestión, sino que también se haga con la titularidad.
Un acuerdo para transferir titularidad y competencias
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, anunció el acuerdo en Ferrol durante un encuentro con periodistas, donde destacó que el texto permitirá la transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia, así como de las competencias sobre su régimen jurídico concesional y los servicios asociados.
Este mandato parlamentario deberá ahora completarse en la Comisión Mixta de Transferencias, donde se materializarán los detalles administrativos del traspaso.
Besteiro enmarcó el acuerdo como un avance significativo y lo contrapuso a la posición del Partido Popular, al que acusó de mantener un bloqueo sobre la iniciativa. En este sentido, advirtió de que un eventual voto negativo sería «difícil de justificar» tras las posiciones previas defendidas por los populares.
El dirigente socialista insistió en que el objetivo final no se limita al traspaso competencial, sino que pasa por lograr la reducción progresiva del coste de la autopista para los usuarios, con la vista puesta en su futura gratuidad.
Tramitación aún en curso en el Congreso
La ley orgánica de transferencia de la autopista continúa su recorrido parlamentario en el Congreso de los Diputados, donde la ponencia encargada de su redacción se reunirá de nuevo esta semana.
El objetivo es cerrar un texto definitivo que pueda pasar a la Comisión de Transportes y, posteriormente, al Pleno, en un proceso aún complejo debido a la naturaleza orgánica de la norma y a las enmiendas presentadas durante su tramitación.
Entre ellas, han destacado propuestas que afectan al alcance de la transferencia, especialmente en lo relativo a la titularidad y la explotación de la vía, cuestiones que ahora el acuerdo político busca desbloquear.
