La Fiscalía Superior de Galicia ha criticado la decisión de trasladar al magistrado Luís Villares y a la jueza María Dolores López López de la sección tercera a la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), al considerar que la medida carece de una motivación suficiente y de criterios objetivos que la justifiquen.
La valoración del Ministerio Público figura en un dictamen emitido a raíz de un recurso de reposición presentado por el sindicato CIG contra una providencia dictada el pasado 19 de mayo de 2026. Dicha resolución modificó la composición de un tribunal y sustituyó a la magistrada relatora de un procedimiento cuando este se encontraba en una fase avanzada de tramitación.
Según la Fiscalía, la sustitución de la magistrada es una consecuencia directa del traslado forzoso de Villares y López, una decisión que trasciende el ámbito de la organización interna de la sala y afecta a garantías fundamentales vinculadas al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
El Ministerio Público recuerda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige que cualquier apartamiento de un juez de los asuntos que tiene atribuidos se base en criterios objetivos, precisos y suficientemente motivados, además de contar con garantías que excluyan cualquier apariencia de arbitrariedad.
La Fiscalía concluye que existe una ausencia de criterios objetivos y precisos y una falta de motivación suficiente, ya que la justificación ofrecida resulta genérica y no individualizada. Tampoco se explicó adecuadamente por qué la medida era necesaria para preservar la imparcialidad del tribunal.
El informe advierte de que la modificación supuso una alteración sustancial del órgano judicial y que las carencias detectadas pueden generar una apariencia de influencia externa indebida y de arbitrariedad, afectando a la confianza ciudadana en la Justicia.
Por todo ello, la Fiscalía considera que debe estimarse el recurso de la CIG y revocarse la providencia de mayo, de forma que la magistrada relatora inicial continúe conociendo del asunto hasta su resolución, salvo causa legal de abstención o recusación.
Una decisión polémica
Los traslados fueron acordados por la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, Azucena Recio, con el argumento de “salvaguardar la imparcialidad” del tribunal. La medida se adoptó tras el cuestionamiento del Tribunal Supremo a la actuación de la sección tercera en un litigio sobre el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde se anularon tres sentencias de Villares por vulneración del derecho a un juez imparcial.
La figura de Luís Villares ha estado marcada por su trayectoria política. En 2016 dejó la judicatura para ser candidato de En Marea a la Xunta de Galicia, fue diputado autonómico y regresó al TSXG en 2020. Este año compitió por la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, cargo que finalmente recayó en Azucena Recio.
Recurso ante el CGPJ e investigación por prevaricación
Villares recurrió su traslado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y solicitó la suspensión cautelar del cambio, aunque el órgano de gobierno de los jueces rechazó paralizarlo.
La controversia ha derivado también en diligencias de investigación por presunto delito de prevaricación, tras denuncias relacionadas con la reorganización de las secciones de lo contencioso-administrativo del TSXG en el contexto de la paralización de proyectos eólicos en Galicia.
Dado que los hechos afectan a miembros aforados, la Fiscalía remitió las actuaciones al Tribunal Supremo, que deberá determinar si procede la apertura de una investigación penal.
