La alcaldesa, Marián Ferreiro, y los portavoces de los grupos políticos de la corporación local: Román Romero (Terra Galega); David Pita, (PSOE); Germán Castrillón (PP) y Olaia Ledo (BNG) participaron este mediodía, a las 12.00 horas, en la concentración convocada por los representantes de los trabajadores de la empresa Galicia Textil, de Neda, ante la puerta principal del Ayuntamiento naronés.
Los políticos locales mostraron una vez más su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la citada compañía, que presentó un Expediente de Regulación de Empleo extintivo para trece personas de los 36 operarios de la plantilla.
En la concentración los trabajadores y trabajadoras portaron una pancarta con el lema “No al ERE de Galicia Textil” y pronunciaron varias consignas reclamando el mantenimiento de los puestos de trabajo. La alcaldesa y los portavoces municipales se reunieron en el salón de plenos desde aproximadamente las 12.30 horas con una representación de la plantilla, mientras los restantes operarios continuaban concentrados a las puertas del Ayuntamiento.
En el salón de plenos los representantes de los trabajadores y trabajadoras expusieron sus reivindicaciones a la alcaldesa y a los portavoces y les avanzaron también las siguientes acciones que llevarán a cabo en defensa de sus puestos de trabajo. Asimismo, trasladaron su malestar por el hecho de no tener respuesta sobre la petición de una solicitud de reunión con responsables de la Xunta de Galicia tras solicitarlo formalmente el pasado 29 de enero.
La alcaldesa se comprometió a contactar hoy mismo con su homónimo de Neda, Ángel Alvariño, para trazar una línea de actuación común en defensa del colectivo, llevando a cabo las acciones oportunas desde ambas administraciones locales para apoyar conjuntamente a la plantilla de la empresa.
En el pleno mensual celebrado el pasado 28 de enero la corporación local manifestó también su respaldo a los trabajadores y trabajadoras de la empresa Galicia Textil en sus reivindicaciones, entre las que están reclamar a la Xunta y al Gobierno central que intervengan en la solución del conflicto para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.
