El Ayuntamiento de Lugo ha llevado a la Fiscalía el proceso selectivo destinado a cubrir siete plazas de Inspector de Policía Local. La decisión se tomó tras analizar el informe presentado por la presidenta del tribunal de las oposiciones, en el que se pone en duda la validez de los resultados tras detectar coincidencias en los patrones de respuesta de parte de los agentes que participaron en el proceso.
La convocatoria constaba de dos ejercicios, uno tipo test y un supuesto práctico. El primero estaba estructurado por dos bloques de preguntas: uno sobre derecho penal y procesual penal, preparado por la presidenta del tribunal, y otro elaborado por los tres vocales, que eran dos policías locales de fuera del municipios y un agente de la Policía Nacional.
Este último bloque, redactado por los tres vocales, junto con los casos prácticos, fueron enviados por el agente de la Policía Nacional al secretario del Tribunal, encargado de su custodia. Todos los candidatos aprobaron la primera de las pruebas, mientras que solo ocho lograron la calificación de apto en el ejercicio práctico.
Sin embargo, durante la revisión del expediente, se detectaron «ciertas coincidencias patentes en las respuestas de algunos supuestos prácticos» entre ellos «y con la plantilla de resultados correctos» del propio tribunal, precisamente los «cuatro aspirantes» que lograron «las mejores puntuaciones» de todos los candidatos.
Tras revisión las respuestas del examen teórico se detectó «de nuevo» que «los mismos cuatro aspirantes» lograron «los mejores resultados» también en esta prueba. Sin embargo, existía la particularidad de que «únicamente o muy mayoritariamente» fallan las respuestas del bloque confeccionado por la presidenta del tribunal mientras aciertan «íntegramente o mayoritariamente» el resto de preguntas.
Ante esta situación, la presidenta del tribunal comunicó su decisión de renunciar a continuar con el proceso, y los tres vocales presentaron a su vez su renuncia a sus cargos en los procesos de Inspectores y de Oficiales.
La presidenta comunicó el informe al Gobierno local «para evitar una posible quiebra de los principios constitucionales de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad», y para que se adopten «las decisiones procedentes» para «preservar la legalidad y objetividad» del proceso.
El Ayuntamiento de Lugo ha decidido elevar la situación a la Fiscalía por si procede abrir diligencias y para investigar si los hechos puedan ser constitutivos de algún ilícito penal, del mismo modo que suspendió el proceso selectivo de Inspectores.
