La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado hasta nueve años de cárcel para los tres principales investigados por el naufragio del pesquero Villa de Pitanxo, ocurrido en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá). El siniestro se cobró la vida de 21 de los 24 tripulantes que viajaban a bordo y se convirtió en una de las mayores tragedias de la pesca española en las últimas décadas.
El Ministerio Público dirige su acusación contra el patrón del buque, Juan Enrique Padín Costas, y contra los máximos responsables de la armadora Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega. A los tres les atribuye 21 delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones imprudentes y otro contra los derechos de los trabajadores.
Una cadena de decisiones que contribuyó al desastre
En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los investigados permitieron que la actividad pesquera se desarrollara en condiciones que comprometían gravemente la seguridad de la tripulación. Según el relato del Ministerio Público, tanto determinadas decisiones operativas como la gestión de la embarcación habrían tenido un papel relevante en el desenlace fatal.
La acusación apunta a la existencia de modificaciones estructurales no comunicadas oficialmente, entre ellas la instalación de depósitos de combustible adicionales que aumentaron la capacidad de almacenamiento del barco y alteraron sus condiciones de estabilidad. Estas reformas, unidas a la carga que transportaba el pesquero, habrían reducido los márgenes de seguridad frente a situaciones meteorológicas adversas.
El temporal y el enganche de las redes, en el origen del hundimiento
La reconstrucción de los hechos sitúa el inicio de la emergencia en la madrugada del 15 de febrero de 2022, mientras el barco faenaba en el caladero de Flemish Cap, una zona conocida por sus duras condiciones meteorológicas.
Según la Fiscalía, el aparejo de arrastre quedó atrapado en el fondo marino y las maniobras posteriores para intentar liberarlo coincidieron con un fuerte temporal, con olas de gran altura y vientos intensos. La combinación de estos factores habría favorecido una entrada masiva de agua que terminó provocando una escora progresiva del buque hasta hacerlo ingobernable.
A las pocas horas, el Villa de Pitanxo acabó hundiéndose. Solo lograron sobrevivir tres personas: el patrón, su sobrino Eduardo Rial y el marinero Samuel Kwesi.
Deficiencias en seguridad y medios de evacuación
El escrito fiscal también recoge una serie de presuntas irregularidades relacionadas con la seguridad a bordo. Entre ellas figuran la falta de algunos elementos de evacuación previstos en los planes del buque, la existencia de trajes de supervivencia en mal estado o insuficientes para todos los ocupantes y la ausencia de simulacros obligatorios de abandono.
Asimismo, la acusación señala que el barco habría zarpado con más personas de las autorizadas por su certificado de navegabilidad, una circunstancia que, según la Fiscalía, incrementó los riesgos para quienes viajaban a bordo.
Las contradicciones entre los supervivientes impulsaron la investigación
Uno de los aspectos clave del procedimiento judicial fueron las diferencias entre los testimonios de los supervivientes. Mientras el patrón y otro tripulante aseguraron que el hundimiento estuvo precedido por una avería repentina del motor en medio del temporal, Samuel Kwesi sostuvo que el problema se originó tras quedar atrapadas las redes de pesca y que las advertencias de varios marineros para desprenderse de ellas no fueron atendidas.
Estas versiones contrapuestas llevaron a la apertura de una investigación que terminó con la imputación del capitán y de los responsables de la armadora por su presunta responsabilidad en la tragedia.
Petición de inhabilitación durante trece años
Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama trece años de inhabilitación profesional para Juan Enrique Padín, lo que le impediría ejercer como patrón de embarcaciones durante ese periodo.
La misma medida solicita para José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega, a quienes propone prohibir la administración o dirección de empresas vinculadas al sector pesquero durante trece años si finalmente resultan condenados.
