El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha citado a Ángel Bernardo Tahoces, ex director general de Planificación Energética y Recursos Naturales de la Xunta con Alberto Núñez Feijóo, para declarar en calidad de imputado por varios delitos de falsedad documental relacionados con las minas de San Finx, en Lousame. En el mismo auto se llama a los otros imputados en el caso, el jefe del servicio de energía y minas en La Coruña y uno de los funcionarios del mismo departamento.
Todos ellos deberán presentarse en los juzgados compostelanos el 21 de septiembre por una causa penal en la que están personadas como acusación popular la Cofradía de Pescadores de Noia, Ecoloxistas en Acción y Verdegaia, luego de que se denunciaran numerosos informes firmados por los imputados que contenían información falsa sobre diversos aspectos de la mina de San Finx.
Estos informes, según denuncia la cofradía, “pretendían beneficiar a la empresa concesionaria intentando hacer pasar la presa de residuos mineros de San Finx como parte de las instalaciones de una central hidroeléctrica inexistente y, un año más tarde, relacionándola con un molino de maíz”. Esto a pesar de que la presa de hormigón, de 50 metros de largo y 14 de alto, construida por la empresa minera en 1939 como depósito de lodos, apareció en los planes oficiales de labores hasta que dejaron de presentarse en el año 2000.
Augas de Galicia reconoció que en caso de colapso los residuos mineros almacenados “causarían un importante impacto ambiental aguas abajo”, estando a tan solo siete kilómetros de la ría de Noia. Evitando reconocer que se trataba de una presa de residuos mineros, los imputados habrían intentado evitar las responsabilidades de la empresa concesionaria, que tendría que hacer frente a una restauración valorada en varios millones de euros, y daños multimillonarios en caso de colapso y afectación a las zonas de marisqueo en la ría.
Los mismos funcionarios y alto cargo “intentaron ocultar la existencia de contaminación con metales pesados, apoyando el argumento falso de la empresa de que los altos niveles de elementos tóxicos serían naturales, e insistieron una y otra vez que no era necesario someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental, algo que la propia Xunta acabó reconociendo que era imprescindible para la continuidad de la explotación”.
Esta no es la única causa penal que afecta a las minas de San Finx, ya que paralelamente la Cofradía de Noia está igualmente personada como acusación popular en otra causa de los juzgados de Santiago contra cuatro funcionarios y altos cargos de Augas de Galicia por malversación, prevaricación y falsedad, así como en un proceso por delitos medioambientales que se instruye en los juzgados de Noia contra la empresa minera y sus directivos australianos.