La Abogacía del Estado, que representa a Adif en el juicio por el accidente del tren Alvia, ha replicado que sí se hizo análisis de riesgos en la línea ferroviaria entre Ourense y Santiago. “Lo hizo una UTE, pero mediante un contrato con Adif”, ha aseverado.
De este modo ha respondido el abogado del Estado al perito judicial César Mariñas durante un momento de su largo interrogatorio, en el que ha reconocido, además, que está de acuerdo en la tesis compartida por casi todas las partes, transcurridos ya más de 10 años de la tragedia, según la cual si el sistema ‘ERTMS’ estuviese desplegado en la curva —como contemplaba el proyecto original— “el accidente no se habría producido”.
El letrado del administrador de infraestructura ferroviaria ha señalado que la empresa pública no aplicó el reglamento para un método común de seguridad de 2009 porque entró en vigor en 2012.
Según el perito que declara este martes, ese reglamento es el que implica la necesidad de hacer una evaluación “completa” de los peligros, con una visión “global” de la línea. Sin embargo, el propio Mariñas ha recalcado que la directiva de seguridad ferroviaria, de 2004, ya obligaba a hacer un análisis de riesgos.
Y previamente, en sus contestaciones al fiscal y a abogados que representan a las víctimas, este ingeniero de telecomunicaciones subrayó que el único análisis existente es el de la UTE, que “nada más” que evalúa los suministros para la línea relativos al sistema de control, mando y señalización.
La tesis de Adif, según las palabras del abogado del estado, es que la evaluación “explícita de un riesgo sçolo —es preceptiva— cuando —ese riesgo— no esté cubierto por un código práctico”.
Cortabitarte, presente
“Todo esto es un medio, no un fin. No es cumplir o no la norma, claro que habrá que cumplirla”, ha advertido este perito judicial, el tercero que declara en el juicio, en el que este martes ha vuelto a estar presente el exdirector de seguridad de Adif procesado, Andrés Cortabitarte.
“En la desconexión, sí”, ha agregado más adelante, durante el interrogatorio del abogado del estado, en referencia a la necesidad de aplicar el reglamento para un método común —el que obliga a un análisis de riesgos “completo”— cuando Adif —en concreto su director de seguridad procesado— autorizó suspender el sistema ‘ERMTS’ embarcado.
De haber estado activo el ‘ERTMS’ a bordo del convoy, según ha razonado a las cuestiones de la jueza, el maquinista habría contado con un aviso que le serviría para ubicarse, toda vez que una llamada del interventor le hizo perder la noción de dónde se encontraba —por lo que empezó a frenar tarde—.
“El concepto de visión más global de la línea es fácilmente entendible: si se hubiese hecho, se hubiesen detectado otro tipo de riesgos”, ha reflexionado en otro momento el perito.
En cualquier caso, ha precisado que él lo ve preciso desde un punto de vista “racional” y en referencia al “consenso técnico”, más allá de que en su opinión Adif debería haber aplicado el método común de seguridad para la puesta en servicio de la línea.
De acuerdo con las reflexiones del abogado del Estado, “ese riesgo no se consideraba evidente” entonces, sino que “se consideraba normal” ya que el maquinista debía controlar la velocidad de la curva.
“¿Se le tenía que haber ocurrido? ¿Le parece razonable o normal?”, ha inquirido en otro punto el abogado del estado, en alusión a Cortabitarte. “Creo que es el quid de la cuestión. Es complejo saber hasta que punto ese riesgo podía ser previsible. Me hace una pregunta importante”, la ha respondido el perito.
Lo que sí tiene claro es que el riesgo “tenía que haberse analizado y no se analizó, ni de forma formal ni informal”. “Se tomaron unos criterios históricos de costumbres, pero desde el punto de vista de la seguridad desde luego que no es proactivo”, ha resuelto.