El Ayuntamiento de Santiago de Compostela realizará una revisión del estado y conservación de los muros de la ciudad con el fin, entre otros, de evitar que se repitan sucesos como el ocurrido en el Parque de Bonaval en el 2019 —el desprendimiento de un muro que acabó con la vida de una persona—. Así lo ha anunciado la alcaldesa en funciones y concejala de Urbanismo, Vivienda y Acción Cultural, Mercedes Rosón, este martes.
En este sentido, la alcaldesa en funciones ha explicado que el estudio afecta tanto a muros de separación como de contención, así como a muros municipales o privados, para conocer qué levantamientos están “en situación precaria” y ha confirmado la apertura de un procedimiento con una contratación de 43.884,32 euros más IVA, ya que se trata de un trabajo de campo “importante”.
A este respecto, ha apuntado que se trata de una revisión “más amplia” de la situación que la realizada de urgencia en navidad de 2019 y que se trata de un trabajo “necesario e imprescindible” que se realiza a través del Servicio de Obras y Proyectos. Además, Rosón ha aludido al cambio de uso de algunos muros de Santiago y ha puesto el ejemplo del muro de Bonaval, que “no estaba concebido como muro de contención”, realidad que provocó su caída.
Fibra óptica en Compostela
Por otra parte, la alcaldesa en funciones ha aclarado que la denuncia por parte de la junta directiva de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, que ha alegado “una doble vara de medir” en el despliegue de fibra óptica en el municipio, se refiere al Museo das Peregrinacións y no forma parte del ámbito en el que trabaja el ayuntamiento.
Así, la alcaldesa en funciones ha explicado que el servicio se está colocando en la sede de San Miguel del museo a través de la red de la Xunta, que “no tiene licencia y no ha pasado por la Comisión Asesora da Cidade Histórica”.
En contraposición, ha asegurado que sí ha pasado por esta comisión el despliegue del ayuntamiento realizado por la operadora Orange. De esta forma, ha concluido que es “necesario” abrir un expediente de disciplina urbanística puesto que la Xunta intenta dar servicio por las fachadas mediante pasos aéreos “sin ningún tipo de licencia o proyecto”.