Vox ha presentado una denuncia penal contra la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, por los hechos ocurridos el pasado 21 de septiembre en el Centro Sociocultural de Santa Marta, donde una protesta impidió finalmente la celebración de un acto del partido. La denuncia ha sido presentada ante el Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela.
El acto, con el que Vox pretendía dar comienzo al curso político en Galicia, contaba con la participación del eurodiputado Jorge Buxadé, la vicesecretaria nacional de Organización, María Ruiz, y los cuatro presidentes provinciales de la formación.
Vox acusa a las autoridades de no actuar ante la protesta
Según sostiene el partido en su denuncia, la convocatoria había sido comunicada y el acto contaba con autorización para desarrollarse en el centro sociocultural. Sin embargo, centenares de personas se concentraron en las inmediaciones del recinto y un grupo de manifestantes llegó a acceder al interior, bloqueando los accesos y haciendo imposible la celebración del encuentro.
La protesta había sido convocada por más de una veintena de colectivos bajo el lema ‘Unidade popular fronte ao fascismo’. Entre las organizaciones señaladas por Vox figuran CNT Galiza, Galiza Nova, Erguer, Ceivar y el Partido Comunista Revolucionario de Galiza.
La formación considera que tanto Sanmartín, como responsable del inmueble municipal cedido para el acto, como Taboadela, en su condición de autoridad gubernativa, conocían previamente la convocatoria de la protesta y el anuncio de la ocupación del edificio.
Vox sostiene que ambas autoridades no adoptaron las medidas necesarias para desalojar el centro y garantizar el desarrollo del acto, por lo que las responsabiliza de una supuesta vulneración del derecho de reunión y del ejercicio de los derechos fundamentales de sus miembros.
La denuncia también se dirige contra los organizadores
Además de la alcaldesa y la subdelegada, Vox ha incluido en su denuncia a las personas físicas y jurídicas que, según afirma, organizaron, convocaron, dirigieron o participaron materialmente en la ocupación del centro y en el bloqueo del acto.
La formación atribuye a los hechos, entre otros posibles delitos, contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, de odio, coacciones agravadas, desórdenes públicos y comisión por omisión. También plantea la posible existencia de un delito de omisión del deber de promover la persecución de delitos y reclama que se tenga en cuenta una circunstancia agravante por discriminación ideológica.
El acto finalmente no pudo celebrarse después de que la protesta reuniese a varios centenares de personas en los alrededores del Centro Sociocultural de Santa Marta. La jornada terminó con intervención policial para separar a los manifestantes y a los simpatizantes de Vox.