Una mujer de Pontevedra se enfrenta a una petición de cinco años de prisión y una multa de 500.000 euros por cobrar durante más de dos décadas la pensión de orfandad de su hermano, fallecido en 1993. La Fiscalía acusa también a la entidad financiera Abanca, que gestionó el pago, por no cumplir con su deber de comprobar la supervivencia del beneficiario de la pensión, un requisito regulado por el Real Decreto 1391/1995 y la Orden de 22 de febrero de 1996.
La acusación señala que la mujer percibió alrededor de 109.000 euros, suma abonada por el Instituto Social de la Marina desde la fecha de fallecimiento de su hermano hasta mayo de 2017. Según el Ministerio Público, el banco debería haber asegurado que el beneficiario seguía vivo antes de continuar con los pagos, una omisión que califican de grave negligencia en la gestión financiera de prestaciones de la Seguridad Social.
La Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará el juicio este martes. El Ministerio Público también solicita para la acusada la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena, además de la prohibición de acceder a subvenciones, beneficios fiscales e incentivos de la Seguridad Social por un período de seis años. La acusación incluye el pago de las costas judiciales, atribuyendo responsabilidades tanto a la implicada como a la entidad bancaria por el presunto delito continuado contra la Seguridad Social.