La Xunta prevé remitir al Parlamento gallego el próximo mes de octubre la futura Ley de lucha contra los incendios forestales de Galicia, una norma con la que pretende actualizar el sistema de prevención y extinción vigente desde hace casi dos décadas. Entre sus principales novedades figura un endurecimiento de las obligaciones de limpieza de biomasa y la posibilidad de ampliar hasta los 100 metros las franjas de seguridad en determinadas zonas estratégicas.
El anteproyecto fue analizado este lunes por el Consello da Xunta y será trasladado este martes al Consello Forestal de Galicia para continuar con su tramitación. El Gobierno gallego sostiene que la reforma busca adaptar la normativa a la evolución de los incendios y avanzar desde un modelo basado principalmente en la reacción ante el fuego hacia otro centrado en la prevención y la gestión del territorio en función del riesgo.
La limpieza de franjas pasará a ser una obligación directa
Una de las modificaciones más relevantes afecta a la gestión de la biomasa en el entorno de núcleos de población y edificaciones. La futura norma introduce el concepto de interfaz urbano-forestal, referido a los terrenos urbanos, de núcleo rural o urbanizables con vegetación que limitan con zonas de monte.
En estos espacios, la limpieza dejará de tener carácter subsidiario y pasará a constituir una obligación legal directa para los propietarios. El incumplimiento podrá derivar en sanciones de hasta 100.000 euros en los casos más graves, según explicó la conselleira do Medio Rural, María José Gómez.
La Xunta pretende así reforzar la protección de las viviendas y de la población frente a los incendios, con una aplicación más estricta de las medidas de prevención y retirada de vegetación.
Las franjas podrán alcanzar los 100 metros
El texto también modifica las distancias de seguridad establecidas para la gestión de la biomasa. En determinadas zonas estratégicas, las distancias podrán duplicarse, pasando de los 50 metros actuales a 100 metros, tanto en las fajas vinculadas a infraestructuras como en aquellas destinadas a proteger núcleos de población y edificaciones.
La ampliación estará vinculada a aquellos espacios en los que, por las características del territorio y el comportamiento previsible del fuego, exista un mayor riesgo.
La planificación se apoyará en el Mapa de riesgo de incendios forestales, que tendrá un papel central para identificar zonas de alto riesgo, áreas estratégicas de gestión y otros espacios en los que sea necesario aplicar medidas específicas.
Un modelo de prevención adaptado al riesgo
El Gobierno gallego plantea abandonar una concepción homogénea de la prevención para aplicar medidas diferentes en función de las características de cada territorio. Para ello, se tendrán en cuenta factores como la distribución de los combustibles, el historial de incendios, la orografía, las condiciones meteorológicas, el comportamiento previsible del fuego o la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
La nueva estrategia se apoyará también en la creación de paisajes mosaico y paisajes cortafuegos. Estos últimos consistirán en áreas delimitadas en puntos estratégicos, como corredores o ejes de sierra, en las que se buscará frenar la propagación de grandes incendios mediante actividades agrícolas y ganaderas o la plantación de frondosas autóctonas.
El objetivo será generar discontinuidades en la vegetación y reducir la continuidad del combustible disponible para el fuego.
Más restricciones con riesgo de incendio muy alto o extremo
La futura ley contempla además nuevas medidas vinculadas al Índice de Riesgo Diario de Incendio Forestal (IRDI). Cuando alcance niveles muy altos o extremos, se suspenderán automáticamente las autorizaciones para realizar quemas y se prohibirá su utilización en áreas recreativas.
También se reforzará la revocación automática de autorizaciones para lanzar artefactos pirotécnicos. En estas situaciones, el uso de determinada maquinaria susceptible de generar chispas quedará limitado entre las 12.00 y las 18.00 horas, salvo que disponga de un vigilante dedicado y de un vehículo con al menos 400 litros de agua y equipos de extinción.
Los agentes podrán ordenar desalojos o cerrar caminos
Otra de las novedades afecta a la capacidad de actuación inmediata de los agentes forestales, ambientales y de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Cuando exista un peligro inminente, podrán dictar órdenes verbales de ejecución inmediata sobre el terreno, sin necesidad de esperar a completar previamente los trámites administrativos. Entre las actuaciones previstas figuran el desalojo de áreas recreativas o el cierre de caminos.
La reforma también refuerza la protección de los puntos de agua destinados a la extinción. La red será considerada infraestructura de seguridad estratégica, se garantizará su utilización por los servicios de emergencia y los ayuntamientos deberán disponer de tomas compatibles en sus redes municipales.
Nuevas exigencias para industrias y gasolineras
Las nuevas instalaciones industriales y gasolineras situadas en terrenos agroforestales o dentro de la interfaz urbano-forestal tendrán que contar con redes perimetrales de hidrantes y tomas de agua homologadas para facilitar su autoprotección.
La ausencia de esta red obligatoria se incorporará al régimen sancionador como infracción muy grave.
La norma también establece medidas para proteger los puntos de vigilancia frente a incendios. En concreto, se prohibirán determinadas construcciones y plantaciones en un radio de 50 metros alrededor de estos puestos.
Una tramitación que llega cinco años después del anuncio inicial
La reforma llega después de un proceso de tramitación más largo del inicialmente previsto. La nueva ley fue anunciada en 2021 por el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con la previsión de que entrase en vigor al año siguiente. Su tramitación comenzó finalmente en la primavera de 2023.
El Gobierno gallego defiende ahora la necesidad de sustituir una legislación que, aunque ha sido modificada en varias ocasiones, fue aprobada hace casi 20 años.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado que la nueva norma pretende adaptar la lucha contra los incendios a los nuevos tipos de fuegos y a los avances registrados tanto en prevención como en extinción. La conselleira María José Gómez, por su parte, ha situado como objetivos principales reforzar la protección de la población, la autoprotección en la interfaz urbano-forestal y la gestión integral del territorio.