El Partido Popular y Vox han alcanzado este lunes un acuerdo para concurrir de forma coordinada al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El entendimiento entre las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal llega después de semanas de negociaciones y busca evitar que la división del voto de la derecha facilite la obtención de escaños a sus adversarios políticos. Una operación que afecta a buena parte del mapa electoral español y que también tiene consecuencias en Galicia.
La estrategia responde a las particularidades de la elección de los senadores. A diferencia del Congreso de los Diputados, donde los ciudadanos votan listas cerradas, en el Senado pueden escoger directamente a los candidatos, incluso aunque pertenezcan a diferentes partidos. En las provincias peninsulares se reparten cuatro escaños, pero cada elector puede señalar un máximo de tres nombres. Este sistema suele favorecer a la formación más votada, que habitualmente consigue tres representantes, mientras que el cuarto corresponde a otra candidatura.
Con esta fórmula sobre la mesa, PP y Vox han decidido modificar sus candidaturas en 23 provincias españolas. Los populares renunciarán a presentar candidatos en tres provincias, mientras que Vox desaparecerá de las papeletas en otras seis y reducirá su presencia a un único aspirante en catorce más. El secretario general del PP, el gallego Miguel Tellado, ha defendido el entendimiento como una manera de proteger la mayoría del centroderecha en la Cámara Alta frente a la candidatura conjunta impulsada por el PSOE y otras fuerzas de izquierda.
¿Qué cambia en Galicia con el acuerdo entre PP y Vox?
Galicia sí está incluida en el pacto, aunque sus efectos se limitan a una sola provincia: Pontevedra. En esta circunscripción, Vox presentará únicamente un candidato al Senado, mientras que el Partido Popular mantendrá sus tres aspirantes. Por tanto, la formación de Santiago Abascal renuncia a competir con una candidatura de tres nombres y concentra su presencia electoral en uno solo.
La decisión tiene una consecuencia directa en la estrategia que ambos partidos trasladarán a sus votantes. Quienes apoyen al PP podrán marcar a sus tres candidatos, mientras que los electores de Vox tendrán la opción de votar a su aspirante y completar la papeleta con otros dos del Partido Popular, tal y como ha explicado Tellado. No se trata de una candidatura conjunta ni de una obligación para los ciudadanos, sino de una coordinación electoral que busca concentrar los apoyos.
La situación será distinta en A Coruña, Lugo y Ourense, las otras tres provincias gallegas, que quedan fuera de los cambios pactados. En ellas, PP y Vox mantendrán sus propias candidaturas al Senado sin las renuncias o limitaciones acordadas para Pontevedra.
El movimiento adquiere especial interés por los antecedentes electorales de la provincia. En las elecciones generales de julio de 2023, el PP consiguió tres de los cuatro senadores elegidos por Pontevedra, mientras que el cuarto escaño fue para el PSOE, con Carmela Silva. Vox quedó lejos de obtener representación: su candidato más votado recibió unos 23.800 apoyos, frente a los más de 200.000 cosechados individualmente por los tres aspirantes populares. Pepa Pardo fue la candidata más votada, con 220.415 votos, seguida de sus compañeros del PP José Crespo, con 215.311, y Nidia Arévalo, con 212.456. La socialista Carmela Silva obtuvo el cuarto escaño con 186.980 apoyos. Los aspirantes de Vox, por su parte, se movieron entre los 20.600 y los 23.800 votos, sin opciones de disputar un puesto a los candidatos que finalmente resultaron elegidos.
Con esos antecedentes, el acuerdo abre una posibilidad que hasta ahora no se ha materializado: que Vox consiga su primera representación parlamentaria por Galicia.
La batalla por el Senado va más allá de las elecciones
El objetivo de fondo de este entendimiento es el control de una institución cuya composición resulta determinante para algunas de las decisiones políticas más relevantes de la legislatura. Tras las elecciones del 29 de noviembre, el Senado contará, según la composición prevista, con 269 miembros, de los que 209 serán elegidos directamente por los ciudadanos y otros 60 designados por los parlamentos autonómicos. La mayoría absoluta se situará en 135 escaños, mientras que los tres quintos, necesarios para determinadas decisiones institucionales, exigirán 162.
Esta última cifra tiene especial importancia porque permitiría a PP y Vox, si la alcanzasen conjuntamente, elegir sin el apoyo de otros partidos a los magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Senado. Se trata de una de las facultades más relevantes de la Cámara Alta y de uno de los objetivos que explican la importancia política del acuerdo electoral.
PP y Vox pretenden conservar la primera de esas mayorías y acercarse a la segunda. Los populares consideran que la coordinación electoral puede contribuir a ese objetivo, mientras que Vox también aspira a incrementar su representación y alcanzar los diez senadores necesarios para disponer de grupo parlamentario propio.
En Galicia, donde se eligen 16 senadores por sufragio directo, cuatro por provincia, el pacto introduce una modificación concreta en la oferta electoral de Pontevedra, sin alterar las candidaturas previstas en las otras tres circunscripciones. A estos dieciséis representantes hay que sumar otros tres senadores designados por el Parlamento de Galicia, que no son elegidos directamente por los ciudadanos en las generales. En la legislatura que termina, dos de esos puestos correspondieron al Partido Popular y uno al BNG, de acuerdo con la representación de ambas formaciones en la Cámara autonómica. De este modo, Galicia cuenta con un total de diecinueve representantes en el Senado.