La Xunta ha declarado la situación de sequía prolongada en toda la demarcación hidrográfica Galicia-Costa debido al descenso sostenido de las precipitaciones. La decisión extiende a toda la cuenca una medida que hasta ahora afectaba a los sistemas del Ulla-Tambre y de Costa Norte, donde se había activado a finales de septiembre.
La declaración se adoptó este jueves durante una reunión de la Oficina Técnica da Seca, presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, en la que participaron representantes de Protección Civil, MeteoGalicia y las consellerías de Sanidade y Medio Rural, entre otros responsables.
El organismo hidráulico tomó esta decisión tras evaluar los datos meteorológicos, la evolución de los caudales de los ríos y otros indicadores relacionados con la sequía y la escasez de agua.
La declaración de sequía prolongada no implica por sí misma restricciones en el consumo. Las posibles limitaciones y medidas de ahorro dependen de la situación concreta de cada sistema de abastecimiento, que puede encontrarse en prealerta o en alerta.
123 ayuntamientos, afectados por la escasez de agua
Según los datos analizados por la Xunta, un total de 123 ayuntamientos están incluidos total o parcialmente en unidades afectadas por la escasez coyuntural de agua. De ellos, 32 se encuentran en situación de alerta o con medidas equivalentes, mientras que otros 91 permanecen en prealerta.
La incidencia de esta última situación varía en función de cada municipio. En algunos casos, solo una pequeña parte del territorio local pertenece a una unidad afectada y el abastecimiento principal procede de otra cuenca, por lo que las consecuencias prácticas pueden ser diferentes.
En el resto de Galicia-Costa se mantiene la normalidad en relación con la escasez. Sin embargo, los embalses destinados al abastecimiento se encuentran al 44,7% de su capacidad, según los últimos datos disponibles. Este nivel supone 14 puntos menos que en las mismas fechas de 2025.
La Oficina Técnica da Seca también acordó mantener los escenarios de escasez vigentes, con una única excepción: el sistema del río Grande, en Camariñas, donde se ha desactivado la prealerta después de que los principales indicadores mostrasen una evolución favorable durante las últimas semanas.
Los 32 municipios que están en alerta
Los ayuntamientos que se encuentran en situación de alerta o con medidas equivalentes se distribuyen entre tres sistemas de abastecimiento.
En el caso de la unidad del río Lérez, los municipios afectados son Beariz, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas de Morrazo, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa.
En la unidad del río Anllóns figuran Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas. A esta relación se suma Baiona.
La situación de alerta constituye el segundo nivel de los previstos en el Plan especial de sequía y supone intensificar las actuaciones destinadas a preservar las reservas disponibles. En función de las necesidades de cada sistema, pueden establecerse limitaciones para usos no prioritarios, como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines, además de otras medidas para reducir el consumo.
Seguimiento y medidas de ahorro en prealerta
Por su parte, los sistemas que permanecen en prealerta están sujetos a una vigilancia más estrecha de las condiciones meteorológicas y de la evolución de los niveles de ríos y embalses, así como de las posibles incidencias en el suministro.
En esta fase también se contemplan campañas de concienciación para fomentar un uso responsable del agua y se recomienda reducir los gastos públicos que no sean esenciales.
Además, la Xunta ha solicitado a los ayuntamientos que comuniquen diariamente los datos de caudales de consumo, con el objetivo de mejorar el seguimiento de la situación y anticipar posibles problemas de abastecimiento.
La declaración de sequía prolongada se enmarca en el Plan especial de sequía aprobado en 2022, que ya contempló una medida similar para toda la demarcación Galicia-Costa en julio de aquel año. Su finalidad es constatar la reducción persistente de las precipitaciones respecto a los valores habituales, mientras que las decisiones sobre restricciones se adoptan atendiendo a la situación específica de cada sistema.