El Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes los dos reales decretos-ley aprobados por el Gobierno para hacer frente a la crisis de la vivienda. Con el voto en contra de Junts, PP y VOX, se pone fin a la tramitación de ambas normas sin que lleguen a desplegar las medidas que contenían.
Entre ellas figuraban la suspensión temporal de determinados desahucios de personas vulnerables, cambios en la protección de los arrendatarios, restricciones temporales a determinadas adquisiciones de vivienda y nuevas reglas sobre la duración de los contratos de alquiler. Una negativa que ha provocado el descontento de los manifestantes y que abre la puerta a un posible adelanto de elecciones generales, previsto para el próximo 29 de noviembre.
Dos decretos, dos votaciones y ningún texto aprobado
El Gobierno había optado por dividir sus medidas de vivienda en dos decretos ante la compleja negociación parlamentaria. El primero, el Real Decreto-ley 26/2026, incorporaba medidas relacionadas con la protección de la función social de la vivienda, la ampliación de la oferta asequible y la protección frente a determinados desahucios.
El segundo, el Real Decreto-ley 27/2026, estaba centrado en reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Su principal medida era la prórroga automática de determinados contratos, una propuesta que había generado posiciones enfrentadas entre los grupos parlamentarios.
La división de las iniciativas no ha sido suficiente para conseguir los apoyos necesarios. El rechazo anunciado por Junts, unido a la posición contraria del PP y Vox, dejó ambos textos abocados a la derrota. En el segundo decreto también se sumaron al rechazo PNV y Coalición Canaria.
La caída de los decretos significa, por tanto, que no entrarán en vigor las nuevas medidas que dependían de su convalidación parlamentaria.
Entre las iniciativas incluidas en el primer texto estaban la suspensión temporal de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, el refuerzo de la protección de los arrendatarios y una limitación temporal de determinadas adquisiciones de vivienda hasta finales de 2028. El decreto también incorporaba modificaciones fiscales y tributarias relacionadas con la vivienda.
El segundo decreto planteaba, por su parte, reforzar la continuidad de los contratos de alquiler mediante prórrogas automáticas.
Junts mantiene el rechazo y reclama un nuevo texto
La posición de Junts ha sido determinante para el resultado final. La formación comunicó la víspera que no respaldaría ninguno de los dos decretos y pidió al Gobierno que los retirase para comenzar a negociar una nueva propuesta.
El partido sostiene que varias de las medidas pueden producir efectos contrarios a los perseguidos y reclama un nuevo texto que permita afrontar la situación de la vivienda con otras medidas. Junts anunció además que presentaría al PSOE una propuesta propia como punto de partida para una futura negociación.
Desde el Gobierno, en cambio, se defendió que los decretos incorporaban medidas reclamadas durante la negociación y se rechazó la petición de retirarlos. El Ejecutivo decidió mantener la votación pese a conocer de antemano que Junts votaría en contra.
La protesta se desplaza de Sol al Congreso
Mientras dentro del hemiciclo se desarrollaba el debate, la movilización por la vivienda se trasladó desde la Puerta del Sol hasta las inmediaciones del Congreso.
Cientos de personas participaron en la marcha convocada por organizaciones vinculadas al movimiento por el derecho a la vivienda. Los manifestantes reclamaron la aprobación de los decretos y siguieron desde el exterior las intervenciones y el desarrollo de la votación.
Tras conocerse el resultado de la votación, los manifestantes advertían de una posible huelga general debido al descontento por la decisión de la Cámara Baja. Y es que algunos participantes habían acudido al Congreso con la expectativa de que al menos uno de los dos decretos pudiera salir adelante.
Un nuevo escenario para el Gobierno
La derrota parlamentaria deja al Ejecutivo sin las dos herramientas legislativas con las que pretendía aplicar de forma inmediata este nuevo paquete de medidas de vivienda.
El Gobierno tendrá ahora que decidir si vuelve a negociar con los grupos que han rechazado los textos, si acepta reformular las medidas o si busca una nueva vía legislativa, algo que -en un principio- ha negado a Junts, que planteaba una iniciativa propia.
Además, tras las movilizaciones de la última semana y el no a los decretos de vivienda, es posible que el presidente del Gobierno sopese la posibilidad de convocar elecciones para el próximo mes. De decantarse por esta opción, la primera fecha disponible sería el 29 de noviembre.