La batalla que desde hace años libra el Concello de Muras para que la riqueza eólica deje algo más que aerogeneradores en el territorio ha terminado trasladándose al terreno judicial. El PPdeG ha denunciado al alcalde, el nacionalista Manuel Requeijo, por un supuesto delito de prevaricación relacionado con la contratación de servicios jurídicos. El BNG considera que detrás de este movimiento hay algo más que una discusión administrativa: una ofensiva contra un regidor que se ha enfrentado abiertamente a los intereses de las compañías eléctricas.
El BNG habla de una «cacería política»
La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, no dudó en calificar la denuncia de «cacería política». A su juicio, el objetivo es castigar a un alcalde que ha situado los intereses de sus vecinos por delante de los de las grandes empresas energéticas.
«É unha cacería política ordenada por Rueda contra un alcalde simplemente porque lle planta cara ás eléctricas para defender os intereses dos veciños e das veciñas de Muras», afirmó Pontón, que garantizó que su formación no modificará su posición por la presión política o judicial: «Non nos van calar».
La dirigente nacionalista enmarca así el caso en una disputa de mayor alcance. Muras es uno de los municipios gallegos con mayor implantación eólica y, durante los últimos años, su gobierno local ha impulsado ayudas para aliviar la factura eléctrica de las familias y ha exigido mayores compensaciones a las compañías que explotan los parques instalados en el territorio.
El municipio produce energía para miles de hogares, pero sus vecinos han tenido que convivir durante décadas con el impacto paisajístico y ambiental de las instalaciones. En ese contexto, el Concello ha defendido que una parte de los beneficios generados por los molinos revierta directamente en la población.
Una denuncia por los contratos jurídicos del Concello
El origen inmediato de la polémica está en la denuncia presentada por la portavoz municipal del PP, Eugenia Requeijo, contra el alcalde de Muras. Los populares sostienen que el Ayuntamiento pagó 387.805 euros desde 2015 a dos despachos de abogados que consideran próximos al BNG: Stellgus S.L. y Leseo Bufete Legal SCP.
Según la versión del PP, algunos de estos servicios se abonaron mediante contratos menores que, sumados a lo largo de cada ejercicio, habrían superado los límites económicos establecidos por la legislación. La formación entiende que, al tratarse de trabajos continuados, deberían haberse adjudicado mediante procedimientos con mayor publicidad y concurrencia.
La denuncia analiza facturas correspondientes a cerca de una década, desde la llegada de Manuel Requeijo a la alcaldía en 2015. Los populares hablan de una posible contratación fragmentada y ponen también el foco en los reparos planteados por la Intervención municipal sobre algunos pagos. El alcalde habría levantado esos reparos para permitir el abono de las facturas. Se trata de una facultad que pueden ejercer los responsables de los gobiernos locales, aunque el PP considera que, en este caso, las decisiones podrían tener relevancia penal.
Por ahora, sin embargo, la existencia de reparos administrativos no permite concluir que se haya cometido un delito. Será necesario conocer el contenido de cada encargo, las resoluciones municipales y las razones por las que se acudió a esos profesionales.
El propio Requeijo aseguró inicialmente que no había recibido ninguna notificación judicial y evitó realizar una valoración detallada hasta conocer el contenido exacto de la denuncia.
El PP intenta extender las sospechas al entorno del Bloque
Más allá de las posibles irregularidades contractuales, el PPdeG ha tratado de situar el foco en las relaciones personales y profesionales de los abogados contratados con personas vinculadas al nacionalismo gallego.
La secretaria general de los populares, Paula Prado, habló de empresas «afíns ao BNG» y aseguró que entre los profesionales relacionados con los despachos aparecen personas con vínculos políticos o personales con la formación.
Entre los nombres señalados por el PP figura Óscar Insua Lema, abogado y diputado del BNG en el Parlamento gallego, que anteriormente fue concejal y teniente de alcalde de Corcubión. Los populares también mencionaron a otros juristas y personas relacionadas con el ecologismo gallego.
La estrategia del PP busca dibujar una red de afinidades alrededor de las contrataciones. Sin embargo, una relación profesional, política o personal no demuestra por sí misma que exista una actuación ilegal. Para acreditar una prevaricación habría que probar que el alcalde adoptó decisiones arbitrarias, contrarias a la ley y con plena conciencia de que estaba actuando injustamente.
También será necesario determinar si los trabajos facturados formaban parte de un único servicio estable o si respondían a procedimientos diferentes, como recursos, defensas judiciales o informes vinculados a expedientes concretos. Esa documentación todavía no ha salido a la luz de forma completa, pese a que las acusaciones políticas ya han alcanzado una considerable intensidad.
Muras, en el centro del mapa eólico gallego
El contexto ayuda a entender por qué el BNG interpreta la denuncia como una represalia política. Muras no es un municipio cualquiera dentro del mapa energético gallego. Con una población reducida y decenas de aerogeneradores repartidos por su territorio, se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles del desequilibrio entre la energía producida en el rural y los beneficios que permanecen en él.
El gobierno de Manuel Requeijo ha hecho de esa cuestión uno de sus principales ejes políticos. El Concello puso en marcha ayudas municipales para sufragar una parte de los recibos de la luz y mantuvo negociaciones con empresas energéticas para elevar las aportaciones destinadas a los vecinos.
A comienzos de 2026, el Ayuntamiento anunció un acuerdo con Iberdrola que permitía reforzar estas compensaciones. El BNG presentó entonces la iniciativa como una muestra de que los municipios pueden reclamar un retorno económico por la explotación de sus recursos naturales.
Para Pontón, es precisamente esa política la que explica el movimiento del PP. La portavoz nacional del Bloque sostiene que el alcalde de Muras se ha convertido en una figura incómoda porque ha cuestionado un modelo en el que las grandes compañías obtienen importantes rendimientos mientras los territorios productores apenas reciben beneficios.
«O que non soporta o PP é que haxa un alcalde que poña os intereses dos seus veciños por riba dos intereses das eléctricas», resumió.