La batalla que Muras mantiene desde hace años para que la riqueza eólica deje en el territorio algo más que aerogeneradores ha acabado llegando a los tribunales. El PPdeG ha denunciado al alcalde, el nacionalista Manuel Requeijo, por un supuesto delito de prevaricación relacionado con la contratación de servicios jurídicos. Para el BNG, sin embargo, el caso va más allá de una disputa administrativa: lo interpreta como una ofensiva contra un regidor que ha plantado cara a las compañías eléctricas.
La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, calificó la denuncia de «cacería política» y sostuvo que busca castigar a un alcalde que ha antepuesto los intereses de sus vecinos a los de las grandes empresas energéticas. «É unha cacería política ordenada por Rueda contra un alcalde simplemente porque lle planta cara ás eléctricas para defender os intereses dos veciños e das veciñas de Muras», afirmó Pontón, que dejó claro que su formación no dará marcha atrás: «Non nos van calar».
La dirigente nacionalista sitúa así el caso en un debate más amplio, el del modelo energético gallego y el reparto de la riqueza que genera la explotación de los recursos naturales en el rural.
Muras, en el centro del mapa eólico gallego
Muras ocupa una posición singular en el mapa energético de Galicia. Con una población reducida y decenas de aerogeneradores repartidos por el municipio, representa como pocos el desequilibrio entre la energía que se produce en el rural y los beneficios que realmente permanecen en él.
Sus vecinos llevan décadas conviviendo con el impacto paisajístico y ambiental de los parques eólicos. Frente a esa realidad, el Concello ha defendido que una parte de la riqueza generada por estas instalaciones revierta directamente en la población.
El gobierno de Manuel Requeijo ha convertido esa reivindicación en uno de sus principales ejes políticos. En los últimos años, el Ayuntamiento ha impulsado ayudas para aliviar la factura eléctrica de las familias y ha negociado con las compañías energéticas para aumentar las compensaciones destinadas a los vecinos.
A comienzos de 2026, el Concello anunció un acuerdo con Iberdrola que permitía reforzar esas aportaciones. El BNG presentó la iniciativa como una prueba de que los municipios productores de energía pueden exigir un retorno económico por la explotación de sus recursos.
Para Pontón, esa trayectoria explica la ofensiva del PP. La portavoz nacionalista sostiene que Requeijo se ha convertido en un alcalde incómodo por cuestionar un modelo en el que las grandes compañías obtienen importantes beneficios mientras los territorios que soportan las instalaciones reciben una parte mínima.
«O que non soporta o PP é que haxa un alcalde que poña os intereses dos seus veciños por riba dos intereses das eléctricas», resumió.
Desde esta óptica, la denuncia no sería un episodio aislado, sino un nuevo capítulo del pulso que el Concello mantiene con el actual modelo eólico. El BNG considera que la vía judicial busca desgastar a un gobierno municipal que ha endurecido sus reivindicaciones y ha conseguido arrancar compromisos económicos a las compañías.
Una denuncia por los contratos jurídicos del Concello
La polémica parte de la denuncia presentada por la portavoz municipal del PP, Eugenia Requeijo, contra el alcalde de Muras. Los populares sostienen que el Concello pagó 387.805 euros desde 2015 a dos despachos que consideran próximos al BNG, Stellgus S.L. y Leseo Bufete Legal SCP.
Según el PP, parte de esos servicios se abonaron mediante contratos menores que, sumados en cada ejercicio, habrían superado los límites legales. La formación habla de una posible contratación fragmentada y pone también el foco en varios reparos de la Intervención municipal que el alcalde habría levantado para permitir los pagos.
Por ahora, esos reparos no permiten concluir que exista un delito. Para aclararlo será necesario conocer el contenido de los encargos, las resoluciones municipales y si los trabajos respondían a un servicio continuado o a actuaciones jurídicas distintas. Requeijo aseguró además que no había recibido ninguna notificación judicial y evitó valorar el fondo de la denuncia hasta conocerla.
El PP lleva las sospechas al entorno del Bloque
El PPdeG también ha tratado de extender las sospechas a las relaciones personales y profesionales de los abogados contratados con personas vinculadas al nacionalismo gallego. Paula Prado habló de empresas «afíns ao BNG» y señaló, entre otros nombres, al abogado y diputado nacionalista Óscar Insua Lema.
Sin embargo, la existencia de vínculos políticos o profesionales no demuestra por sí sola una actuación ilegal. Para acreditar una prevaricación habría que probar que el alcalde adoptó decisiones arbitrarias y contrarias a la ley con plena conciencia de ello.
Mientras no se conozcan los contratos, los informes y las resoluciones cuestionadas, las acusaciones del PP siguen pendientes de recorrido judicial, frente a la tesis del BNG, que sitúa la denuncia en el pulso abierto por Muras contra los intereses de las grandes eléctricas.