La magistrada que juzgó el accidente ferroviario de Angrois se ha pronunciado a favor de conceder un indulto total al maquinista del Alvia, Francisco José Garzón, condenado a dos años y medio de prisión por su responsabilidad en el siniestro ocurrido el 24 de julio de 2013, en el que murieron 79 personas y otras 143 resultaron heridas.
La jueza del Penal 2 de Santiago de Compostela, María Elena Fernández Currás, ha remitido al Ministerio de Justicia un informe favorable a la medida de gracia. De forma subsidiaria, también considera procedente indultar la parte de la condena que supera los dos años, una opción que permitiría suspender la entrada en prisión del maquinista.
La magistrada destaca que está jubilado y carece de antecedentes
En su informe, Fernández Currás considera que existen «razones de justicia y equidad» para respaldar el indulto. Entre los argumentos que esgrime se encuentra que Garzón no cuenta con antecedentes penales y que actualmente está jubilado de su actividad profesional, por lo que considera prácticamente inexistente el riesgo de que pueda volver a cometer una imprudencia similar.
La magistrada recuerda que el maquinista fue condenado como responsable de 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones por imprudencia grave. La sentencia consideró probado que perdió la atención sobre la marcha del tren durante una conversación telefónica con el interventor y que no reaccionó a tiempo ante la necesidad de reducir bruscamente la velocidad antes de la curva de Angrois.
No obstante, Fernández Currás subraya que aquella imprudencia se produjo durante un periodo muy breve y en un punto de la vía que presentaba unas circunstancias de seguridad que, a su juicio, también tuvieron relevancia en la magnitud de la tragedia.
La jueza recuerda las deficiencias de seguridad de la vía
Uno de los elementos destacados en el informe es que la sentencia original no atribuyó toda la responsabilidad por el accidente al maquinista. Fernández Currás recuerda que en los hechos probados se recogían deficiencias en la señalización y en las medidas de seguridad del tramo que podrían haber reducido el riesgo derivado de un exceso de velocidad como el que provocó el descarrilamiento.
La sentencia de primera instancia condenó también al entonces director de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, pero la Audiencia Provincial de A Coruña lo absolvió posteriormente por falta de pruebas. La magistrada señala ahora que esa resolución mantuvo los hechos probados de su sentencia, incluidas las referencias a las deficiencias existentes en el tramo de la línea Ourense-Santiago.
De este modo, Fernández Currás considera que, aunque la conducta del maquinista merece el reproche penal establecido en la sentencia, en el resultado final también concurrieron otras circunstancias relacionadas con las condiciones de seguridad de la vía.
La responsabilidad civil ya ha sido abonada
Otro de los argumentos utilizados por la magistrada es que la responsabilidad civil derivada del accidente ha sido abonada en su totalidad o prácticamente en su totalidad respecto a las cantidades ya liquidadas. Estos pagos fueron asumidos por QBE, aseguradora de Renfe, condenada como responsable civil directa.
La jueza también pone el foco en la actitud mantenida por Garzón desde el mismo momento del accidente. En su informe destaca el «profundo pesar del penado por el dolor generado a las víctimas y a sus familias», una actitud que, según señala, quedó patente tanto después del siniestro como durante la investigación judicial y el juicio.
Además, recuerda que entre las víctimas que se han pronunciado sobre la petición de indulto existe una mayoría favorable a la medida, aunque el colectivo mantiene posiciones diversas respecto a la concesión de la medida de gracia.
El objetivo de la pena ya no tendría efecto preventivo
Fernández Currás sostiene que el cumplimiento de la condena podría tener sentido desde el punto de vista de la prevención general, al transmitir a la sociedad y a las víctimas que los delitos no quedan impunes. Sin embargo, considera que la prisión no cumpliría en este caso una función de prevención especial.
En concreto, argumenta que no existe una necesidad de resocialización ni de neutralización del riesgo de reincidencia, debido a que el maquinista está jubilado y carece de antecedentes penales. A ello suma que, como han señalado algunas víctimas, la condena moral derivada de su participación en el accidente le acompañará durante el resto de su vida, independientemente de que finalmente cumpla o no la pena de prisión.
El informe de Fernández Currás se incorpora ahora al expediente que deberá valorar el Ministerio de Justicia, después de que la Fiscalía también se pronunciase recientemente a favor de un indulto, aunque en su caso parcial y limitado a seis meses, con el objetivo de evitar el ingreso en prisión del maquinista.
La decisión final sobre la concesión del indulto corresponderá al Gobierno, que deberá resolver la petición presentada por Garzón tras quedar como único condenado penalmente por el accidente de Angrois.