El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) ha dejado sin efecto la adjudicación del contrato del servicio de transporte público urbano de Ourense para el periodo 2026-2031, tras estimar parcialmente los recursos presentados por varias empresas que participaron en el proceso de licitación.
El contrato, valorado en 57,3 millones de euros, había sido adjudicado por el Concello de Ourense a la UTE formada por Gavilanes SL y Sagalés SA, una decisión que ahora deberá revisarse tras la resolución del órgano administrativo.
El Tribunal detecta deficiencias en la valoración
Las compañías recurrentes cuestionaban distintos aspectos del procedimiento, entre ellos la modificación de las rutas previstas, la reducción del número de viajeros estimados y el incremento de los tiempos de desplazamiento. No obstante, el Tacgal rechazó estos argumentos al considerar que las posibles alteraciones de las líneas de autobús son cuestiones ajenas al objeto del recurso y al procedimiento de contratación.
Donde sí aprecia irregularidades es en la evaluación de las instalaciones ofertadas por la adjudicataria. El Tribunal sostiene que el informe de valoración no concluye si dichas instalaciones cumplen realmente las exigencias fijadas en los pliegos, pese a que recoge diversas deficiencias que deberían haber sido analizadas para determinar su viabilidad.
La resolución recuerda que una empresa solo puede resultar adjudicataria si la propuesta presentada se ajusta plenamente a las condiciones establecidas en la licitación, por lo que considera imprescindible comprobar ese cumplimiento antes de formalizar el contrato.
Dudas sobre los estudios económicos
Otro de los aspectos que ha motivado la anulación es el análisis de la documentación económica presentada por las empresas licitadoras. Según el Tacgal, el órgano de contratación no evaluó de forma suficiente la coherencia interna de las ofertas económicas.
En concreto, el Tribunal destaca que los costes de personal reflejados por dos de las empresas participantes, entre ellas la adjudicataria, no contemplan el gasto derivado de la subrogación de la plantilla, un elemento que considera esencial para valorar la viabilidad de las propuestas.
La resolución señala que esta omisión, por su relevancia, no puede ser validada, motivo por el que estima parcialmente los recursos y acuerda anular la adjudicación del contrato, obligando al Concello de Ourense a revisar el procedimiento conforme a los criterios establecidos por el Tacgal.