El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha ordenado al Registro de la Propiedad de Betanzos que inscriba el pazo de Meirás, en el municipio coruñés de Sada, a nombre del Estado, dando cumplimiento a la sentencia firme que reconoce la titularidad pública del inmueble y poniendo fin al último trámite pendiente de un proceso judicial que se ha prolongado durante siete años.
El auto, fechado el 28 de julio y notificado a las partes este miércoles, responde a las actuaciones impulsadas por la Abogacía del Estado tras la decisión del Tribunal Supremo, que en marzo confirmó de forma definitiva que el histórico inmueble pertenece al Estado y no a los herederos de Francisco Franco.
La resolución judicial ordena que el Registro de la Propiedad inscriba a favor del Estado la finca conocida como Pazo y Torres de Meirás, integrada por la agrupación de quince fincas registrales del municipio de Sada y todas las edificaciones existentes. Asimismo, dispone la cancelación de todas las inscripciones registrales que sean incompatibles con esa titularidad. Contra el auto cabe presentar recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación.
El paso definitivo para adaptar el Registro a la sentencia
La decisión no modifica el contenido del litigio, ya resuelto por los tribunales, sino que ejecuta materialmente el fallo judicial para adecuar la situación registral a la sentencia firme. Hasta ahora, el inmueble seguía figurando en el Registro a nombre de la familia Franco, pese a que la titularidad estatal había sido ratificada por todas las instancias judiciales.
La orden llega apenas unas semanas después de que la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña denunciase públicamente que el cambio registral todavía no se había producido y reclamase al Estado que completase cuanto antes la ejecución de la sentencia.
Siete años de litigio
El procedimiento comenzó en julio de 2019, cuando la Abogacía del Estado presentó una demanda para reclamar la propiedad del pazo. A esa acción se sumaron la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de A Coruña y Sada.
En septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña estimó íntegramente la demanda y declaró que el inmueble pertenecía al Estado. Posteriormente, la Audiencia Provincial confirmó esa decisión y, finalmente, el Tribunal Supremo rechazó por unanimidad los recursos presentados por los hermanos Martínez-Bordiú Franco.
La Sala de lo Civil concluyó que el pazo estuvo destinado desde 1938 al servicio de la Jefatura del Estado y que la familia Franco no podía adquirir la propiedad por usucapión, al no cumplirse los requisitos legales exigidos para ello. Además, señaló que el inmueble continuó prestando servicio a la Administración hasta la década de los noventa, por lo que no había transcurrido el plazo necesario para consolidar una eventual adquisición de la propiedad.
Sada reclama una nueva etapa para Meirás
Tras conocerse la resolución, el Ayuntamiento de Sada celebró la orden judicial al considerar que supone la culminación de una reivindicación histórica. El consistorio reclama ahora que se impulse una nueva fase centrada en la apertura estable del inmueble al público y en la definición de sus futuros usos mediante la colaboración entre las distintas administraciones.
El gobierno local defiende que el pazo se convierta en un espacio dedicado a la memoria democrática, que explique el expolio del inmueble durante el franquismo, la represión de la dictadura y el proceso ciudadano que hizo posible su recuperación, al tiempo que preserve y difunda el legado de la escritora Emilia Pardo Bazán, impulsora de la construcción del edificio a finales del siglo XIX.
