La «guerra contra las drogas» en Filipinas, impulsada por el expresidente Rodrigo Duterte entre 2016 y 2022, dejó, según datos de Amnistía Internacional, unos 30.000 muertos, muchos de ellos víctimas de «ejecuciones extrajudiciales». Bajo su mandato, la policía recibió carta blanca para abatir a presuntos traficantes y consumidores sin juicio previo. En ese clima de impunidad se enmarca el asesinato del coruñés Diego Bello Lafuente el 8 de enero de 2020 en la isla de Siargao.
La policía lo presentó como un narcotraficante de alto valor y aseguró que murió en un enfrentamiento después de abrir fuego contra los agentes. Sin embargo, la investigación reveló que nunca figuró en listas de sospechosos y que los tres policías acusados —Vicente Panuelos, Ronel Azarcón y Nido Boy Esmeralda— habrían fabricado pruebas para justificar su ejecución.
Un juicio con reveses
En 2023, tras casi un año prófugos, los agentes fueron detenidos y enviados a prisión preventiva, donde permanecen a la espera de juicio. Cinco años después, la familia de Diego sigue luchando contra un sistema judicial lento. «Estuvieron casi un año fugados de la justicia, más obstáculo que ese creo que no lo hay ya», señala su hermano Bruno Bello.
El juicio comenzó en septiembre de 2024, pero avanza con lentitud. «Los policía siguen en prisión y ahora se están celebrando unas vistas para decidir sobre la libertad provisional de los policías; una vez que terminen, comenzará el juicio como tal», explica Bruno. A la incertidumbre y dolor que lleva arrastrando la familia se suma un nuevo revés: «la jueza del caso se jubiló hace unas semanas y un nuevo magistrado ha asumido la causa», explica Bruno, aunque siempre hay incertidumbre, entienden que el caso «se reactiva desde donde lo dejó la otra jueza».
Detención de Duterte
Mientras, el contexto político en Filipinas ha cambiado drásticamente en los últimos días. Este martes, Rodrigo Duterte fue arrestado en Manila por orden del Tribunal Penal Internacional y trasladado a La Haya, donde se enfrenta a cargos por crímenes de lesa humanidad. La detención del exmandatario, responsable de la política represiva que imperó en Filipinas, supone un golpe simbólico contra la impunidad policial bajo la cual murió Diego Bello. «No es un filipino más. Hay una familia entera detrás que no va a parar hasta que se haga justicia. En Filipinas la gente tiene miedo de hablar, pero nosotros no vamos a dejar que esto quede impune», afirma Bruno.
Ante la lentitud de los tribunales filipinos, la familia de Diego abre otras vías buscando apoyo en instancias internacionales. La semana pasada, sus padres, Pilar y Alberto, viajaron a Bruselas junto a su abogado, Guillermo Mosquera, para reunirse con representantes del Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Uno de los encuentros clave fue con Paola Pampaloni, subdirectora general para Asia en el Servicio Europeo de Acción Exterior, quien trasladó que el caso de Diego es una «prioridad para la UE». «Mis padres vinieron muy contentos porque todas las reuniones fueron fructíferas. Nos dijeron que en cuanto tuviesen oportunidad, iban a tratar el tema de mi hermano en las relaciones institucionales de Europa con Filipinas», cuenta Bruno.
‘Justicia para Diego. Un asesinato en el paraíso’
Mientras la justicia sigue su curso, la historia de Diego ha quedado plasmada en el documental ‘Justicia para Diego. Un asesinato en el paraíso’, que RTVE estrenó en enero. En él se recogen testimonios de la familia, abogados y amigos de Diego en Siargao, quienes cuestionan la versión oficial del asesinato. «Fue duro hacer el documental, pero reconfortante. Ayuda a esclarecer todo mucho más. A quien lo haya visto no le puede quedar duda de que fue un montaje policial», explica Bruno.
Por otro lado, su impacto ha dado un gran impulso a Mamon Surf Co, la marca de ropa que Diego fundó antes de su asesinato, que además de mantener vivo su recuerdo, ayuda a costear los gastos legales y los viajes a Filipinas. «Desde que se estrenó el documental, el 90% de los pedidos de la marca Mamón fueron de fuera de Galicia. Eso demuestra la repercusión que ha tenido», concluye Bruno.
A pesar de los obstáculos, continúan adelante con la esperanza de que la justicia llegue. Con un nuevo juez en el caso, el respaldo de la Unión Europea y la detención de Duterte, el proceso podría dar un giro decisivo. Cinco años después, la lucha por la verdad sigue en marcha.
