La Xunta solicitará al Gobierno central la convocatoria de una comisión bilateral con el objetivo de revisar las condiciones fijadas en la ley que regula el futuro traspaso de la AP-9 a la comunidad. El Ejecutivo gallego pretende que este órgano sirva para modificar los términos establecidos en la norma antes de iniciar la negociación formal sobre la transferencia de la Autopista del Atlántico.
Así lo anunció este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión del Consello, donde explicó que el Gobierno gallego descarta, por el momento, acudir directamente a una comisión mixta de transferencias. Según argumentó, ese mecanismo supondría negociar el traspaso «en las condiciones fijadas por la ley», unas condiciones con las que la Xunta mantiene un claro desacuerdo.
Rueda insistió en que la prioridad es abrir una negociación previa para cambiar aquellos aspectos de la norma que considera perjudiciales para Galicia. En este sentido, defendió que el traspaso de la AP-9 debe realizarse «en condiciones justas» y rechazó que los gallegos tengan que asumir costes derivados de decisiones adoptadas anteriormente por el Estado.
El presidente autonómico sostuvo que la comunidad no está dispuesta a aceptar cualquier fórmula para recibir la gestión de la infraestructura y recalcó que la transferencia debe garantizar que los contribuyentes gallegos no soporten cargas económicas derivadas de acuerdos ajenos a la Administración autonómica.
Confía en cerrar en septiembre el traspaso de los permisos de trabajo para extranjeros
En paralelo, Alfonso Rueda mostró su confianza en que el próximo mes de septiembre pueda alcanzarse un acuerdo definitivo con el Ejecutivo central para culminar el traspaso a Galicia de la competencia sobre los permisos de trabajo para personas extranjeras.
El presidente recordó que esta negociación se encuentra ya en su fase final y explicó que las conversaciones se han centrado en ajustar la transferencia de los medios necesarios para asumir esta competencia, un aspecto que inicialmente, según dijo, presentaba propuestas «mejorables».
Rueda defendió que gestionar estos permisos desde Galicia permitirá agilizar los trámites y responder con mayor rapidez a las necesidades del mercado laboral gallego, especialmente en aquellos sectores con dificultades para cubrir vacantes. Asimismo, aseguró que la Xunta prioriza recibir competencias con los recursos adecuados por encima de incrementar simplemente el número de materias transferidas.