El Parlamento gallego ha aprobado por unanimidad una moción que obliga a la Xunta a proporcionar información detallada sobre los expedientes sancionadores abiertos a las empresas concesionarias del transporte por carretera entre 2021 y 2023. Asimismo, la Xunta deberá informar sobre los contratos del Plan de Transporte Público.
La iniciativa fue presentada en el pleno por el diputado del BNG, Paulo Ríos, quien aceptó una enmienda del PPdeG que establece que la documentación relativa a las ofertas ganadoras de los contratos sólo será entregada si no se considera confidencial.
Durante su intervención, Ríos criticó la falta de transparencia del Gobierno autonómico y acusó al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, de no responder a una pregunta clave sobre la negativa de la Xunta a facilitar estos datos. También denunció la gestión del transporte escolar, señalando que la administración delegó las inspecciones en una empresa privada, lo que a su juicio supone una «privatización del control» del servicio público.
El diputado nacionalista reprochó al PP su actitud en anteriores ocasiones al rechazar entregar esta información, si bien reconoció que ahora han cambiado su postura, aunque con la salvedad de la confidencialidad de ciertos documentos. En este sentido, argumentó que la oposición no representa intereses empresariales, sino a la ciudadanía, y que su labor es fiscalizar la acción del Gobierno.
Por parte del PPdeG, el diputado Gonzalo Trenor defendió que su grupo «respeta al máximo» la Cámara gallega y aseguró que la oposición, cuando ostenta la mayoría, impone su criterio sin contemplaciones. Asimismo, resaltó la importancia del Plan de Transporte Público de Galicia, que abarca cerca de 3.600 líneas y más de 58.000 paradas, garantizando la conectividad en la comunidad.
En relación con la entrega de información, Trenor condicionó el respaldo de su grupo a la moción del BNG a la aceptación de su enmienda, asegurando que esto pondría fin a las «insinuaciones» de los nacionalistas sobre supuestas irregularidades.
El debate contó también con la intervención del parlamentario socialista Carlos López Font, quien afirmó que el eje de la discusión es la transparencia, un principio que, según él, choca con la política del PP. Además, calificó la enmienda presentada como una «trampa» y subrayó la importancia de acceder a estos datos para evaluar adecuadamente el funcionamiento del transporte público en Galicia. El diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, optó por no intervenir en el debate.
