La Guardia Civil ha desarticulado en la provincia de Pontevedra una presunta trama empresarial que habría aprovechado los trabajos de retirada de cable de cobre de Telefónica para desviar parte del material y obtener beneficios con su venta. La operación, denominada COBRETI25, se ha saldado con tres empresarios detenidos y cinco trabajadores investigados.
La investigación, iniciada en noviembre de 2025, ha permitido recuperar unos 30.000 kilos de cableado de cobre, con un valor estimado de 270.000 euros. Durante los registros realizados en instalaciones empresariales de Vigo y Mos también fueron localizados otros 850 kilos de cable nuevo.
Ponteareas como origen de la investigación
Las pesquisas comenzaron después de que los agentes localizaran varias toneladas de cable de cobre en una empresa de Ponteareas. A partir de ese hallazgo, el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Pontevedra, con la colaboración del área de Seguridad y Prevención del Fraude Norte de Telefónica, siguió el rastro del material hasta determinar su posible procedencia.
El cable intervenido procedía de una línea de telecomunicaciones situada entre O Porriño y Mos, concretamente en el entorno de la subestación central de O Porriño. Los tendidos se encontraban en galerías subterráneas próximas a la N-550 y su retirada requería maquinaria específica para acceder a las cámaras y extraerlos, lo que llevó a los investigadores a centrar sus sospechas en las empresas encargadas de realizar esos trabajos.
El acceso al cable habría facilitado el desvío del material
Según la investigación, algunas de las empresas subcontratadas para retirar cableado que ya no prestaba servicio habrían aprovechado su acceso directo a las instalaciones para apartar parte del material y dificultar que -en el caso de encontrarlo- pudiera determinarse su origen.
Los agentes detectaron además irregularidades en la documentación relacionada con los trabajos y localizaron maquinaria empleada para pelar y triturar el cobre. Con este procedimiento se eliminaban elementos que podían facilitar la identificación del cable y su trazabilidad.
La investigación apunta también a una posible conexión entre varias de las empresas implicadas. Uno de los administradores investigados ocupaba al mismo tiempo un puesto de responsabilidad en otra compañía subcontratada por Telefónica para gestionar las retiradas, lo que le habría permitido conocer de antemano obras previstas, procedimientos administrativos y el destino del material.
Desmontajes antes de contar con autorización
Uno de los procedimientos investigados consistiría en comenzar determinados trabajos de desmontaje antes de que los proyectos hubieran recibido la autorización formal. Una vez obtenidos los permisos, el cable que ya había sido retirado podía aparecer contabilizado como material supuestamente sustraído o como una pérdida durante los trabajos.
Los investigadores detectaron un sistema similar en determinadas retiradas de tendidos aéreos. En estos casos, las supuestas sustracciones se denunciaban después de haber desmontado las líneas, lo que habría dificultado comprobar cuánto cable se había retirado realmente y permitido, presuntamente, declarar cantidades superiores como sustraídas.
Tres empresarios detenidos y cinco trabajadores investigados
La operación se ha saldado con la detención de tres empresarios de 54, 56 y 49 años, vecinos de Vigo, Mos y Ponteareas. El último de ellos cuenta, según la Guardia Civil, con antecedentes por delitos de receptación y tráfico de drogas.
Los tres están relacionados presuntamente con delitos de hurto, receptación, falsedad documental y blanqueo de capitales y, tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad provisional a la espera de juicio. Además, cinco trabajadores han quedado en calidad de investigados por su presunta participación en diferentes fases de las actividades bajo investigación.
Durante los registros efectuados en empresas de Vigo y Mos se incautaron también documentos y diverso material que continúa siendo analizado.
Los investigadores consideran que la operación ha permitido descubrir un supuesto sistema organizado en el que determinadas empresas habrían utilizado su posición como contratistas para acceder al material, modificar las cantidades registradas y dificultar su seguimiento.