El Concello de Vilalba llevará a la Xunta de Galicia al juzgado para reclamarle 195.609,37 euros de una subvención concedida y no resuelta en el año 2020.
Se trata en concreto de la partida correspondiente al Fondo de Compensación Ambiental de 2020 para la renovación de la red municipal de abastecimiento de agua en las calles Calvario y Os Pepes. Las obras tuvieron un presupuesto de 300.000 euros, de los cuales 195.609,37 euros procedían de la subvención y el resto fue aportado por el Concello de Vilalba.
La alcaldesa, Marta Rouco, asegura que “recurrir a la vía judicial es la única opción que nos dejan después de solicitarles la resolución del trámite y no recibir respuesta, porque una vez más la Xunta de Galicia perjudica al Concello de Vilalba”.
Las obras “se realizaron y justificaron en tiempo y forma” en noviembre de 2020, esperando recibir los fondos de la subvención. En agosto de 2021, el ayuntamiento recibió un requerimiento de la Xunta de Galicia para completar la documentación presentada para la justificación. El Concello de Vilalba presentó esta justificación complementaria siete días después.
Desde agosto de 2021, el ayuntamiento no recibió ningún tipo de comunicación por parte de la Xunta de Galicia, ni en caso afirmativo ni negativo, por lo que en enero de 2023 se presenta un escrito por parte del Concello de Vilalba para solicitar la resolución del procedimiento.
En enero de 2024, un año después, sigue sin haber respuesta alguna a dicho escrito y a la justificación de la obra, por lo que el Concello de Vilalba se ve en la obligación de recurrir a la vía judicial para solicitar “un dinero que es nuestro”.
“La administración tiene la obligación de contestar, sea de una manera u otra, pero tiene un plazo máximo para hacerlo; estamos ante un nuevo ejemplo del menosprecio que la Xunta de Galicia le da al Concello de Vilalba”, añade Rouco.
En palabras de la alcaldesa, “el ayuntamiento se encuentra en una situación de indefensión absoluta en la que solo pretende que se le devuelvan unos dineros que le pertenecen”.
“Ya es llamativo que el gobierno autonómico tarde ocho meses en hacer el requerimiento de la documentación de la justificación, cuando al ayuntamiento se le daba un plazo de cinco meses para hacer la obra”, concluye.