Casi dos semanas después de que la Policía Local ordenase apagar la música en los chiringuitos de Vigo, los conciertos siguen suspendidos y la salida administrativa continúa sin estar clara. Las concesiones vigentes permiten servir comidas y bebidas, pero no contemplan expresamente actuaciones musicales. A partir de ahí, Concello y Xunta defienden procedimientos distintos para regularizarlas. El Ayuntamiento sostiene que, por tratarse de establecimientos situados en el dominio público marítimo-terrestre o en sus zonas de servidumbre, los conciertos necesitan primero una autorización autonómica. La Xunta responde que Vigo asumió voluntariamente la gestión de los servicios de temporada y que, por tanto, corresponde al propio Concello modificar el plan que dejó fuera la música. Entre ambas interpretaciones permanecen los hosteleros y los músicos, con actuaciones canceladas en uno de los momentos más importantes del verano.
Sin una solución inmediata
Doce días después de la suspensión, el Concello ha comenzado a reunirse con los responsables de los establecimientos para estudiar posibles alternativas. Los contactos se están celebrando de forma individual y escalonada, en lugar de mediante una mesa conjunta, un formato que ha sorprendido a parte del sector. Algunos propietarios todavía no habían sido convocados cuando ya se habían producido las primeras reuniones, mientras otros esperaban un encuentro común que permitiese abordar el problema de forma global.
Una de las primeras citas, con la concejala de Medio Ambiente, Nuria Rodríguez, y técnicos municipales, se prolongó durante unos veinte minutos. La reunión terminó sin una hoja de ruta concreta, aunque el Concello se comprometió a estudiar las opciones disponibles. Los asistentes aseguran que también se les pidió prudencia mientras continúan las conversaciones. Entre algunos concesionarios existe la sensación de que las reuniones por separado dificultan la defensa de una posición común, aunque el proceso municipal todavía se encuentra en una fase inicial.
Uno de los principales obstáculos es garantizar que los conciertos puedan celebrarse con suficiente respaldo jurídico y de seguridad. El Concello quiere evitar que se autoricen actividades que no estén plenamente cubiertas por las concesiones o que puedan generar responsabilidades en caso de accidente. Ante esa preocupación, uno de los hosteleros planteó contratar un seguro específico de responsabilidad civil para cada actuación. La medida permitiría cubrir determinados riesgos, pero no resolvería por sí sola el problema de fondo: los conciertos siguen sin figurar entre las actividades autorizadas.
Los empresarios reclaman una regulación clara que establezca horarios, aforos, límites de ruido, medidas de seguridad y obligaciones en materia de seguros. Como referencia mencionan el caso de Nigrán, donde las actuaciones musicales sí fueron incorporadas a las condiciones de explotación de los establecimientos de playa.
Lío entre administraciones
La ronda de reuniones llega después de varios días de intercambio de argumentos entre el Concello y la Xunta. Las dos administraciones aseguran que la música puede regresar, pero discrepan sobre quién debe dar el primer paso. El gobierno municipal considera que los hosteleros necesitan una autorización de la Xunta antes de tramitar los permisos locales. Su interpretación se apoya en la ubicación de los chiringuitos en terrenos afectados por la normativa de costas.
El Gobierno gallego plantea lo contrario. Recuerda que Vigo decidió gestionar directamente los servicios de temporada y que esa elección le permite definir qué actividades pueden desarrollarse en los establecimientos. Según la Xunta, los concesionarios solo tendrían que solicitar permisos directamente a la Administración autonómica si el Concello no hubiese asumido esa gestión. Al haberlo hecho, entiende que es el Ayuntamiento quien debe promover el cambio.
El centro de la discusión está en el plan de gestión aprobado por Vigo para la temporada de 2026. El documento limita la actividad de los chiringuitos a la venta de comidas y bebidas y no incluye la celebración de conciertos. La Xunta sostiene que el Concello podría haber incorporado las actuaciones desde el principio, como hizo Nigrán en sus propios pliegos. Si ahora quiere permitirlas, tendría que solicitar una modificación del plan o cambiar las condiciones de las concesiones.
El Ayuntamiento mantiene, sin embargo, que esa modificación no elimina la necesidad de obtener las autorizaciones sectoriales correspondientes. Su propuesta pasa por que la Xunta dé primero su visto bueno y que el Concello tramite después los permisos municipales. La diferencia, por tanto, no está tanto en la intención de recuperar la música como en el orden de los trámites y la administración que debe iniciarlos.
Búsqueda de alternativas
El conflicto se hizo público cuando el Concello comunicó que los conciertos no podían continuar en las condiciones actuales. Poco después, el gobierno municipal abrió la puerta a que volviesen a celebrarse, siempre que se ajustasen a la legalidad. El Ayuntamiento anunció entonces que informaría a los concesionarios sobre los pasos necesarios. Según su criterio, la mayoría tendría que solicitar primero una autorización autonómica por la ubicación de los establecimientos.
La Xunta rechazó esa fórmula y aclaró que no corresponde a cada hostelero dirigirse individualmente al Gobierno gallego. Su posición es que debe ser el propio Concello quien adapte el plan municipal. Desde entonces, el problema ha quedado atrapado entre dos interpretaciones jurídicas que todavía no han desembocado en un procedimiento compartido.
El origen inmediato de la polémica se remonta al 8 de julio. Ese día, agentes de la Policía Local acudieron a los chiringuitos para comunicar el cese de las actuaciones musicales. La intervención obligó a cancelar conciertos ya programados y afectó a una actividad que llevaba años formando parte de la oferta veraniega de algunos establecimientos.
Las concesiones no contemplaban esos espectáculos, aunque durante temporadas anteriores la música había sonado sin que esa limitación se aplicase con la misma intensidad. La situación cambió después de varias quejas relacionadas con el ruido, lo que llevó al Concello a exigir el cumplimiento de las condiciones vigentes. Los empresarios y los músicos reclamaron entonces una regulación específica que permitiese compatibilizar las actuaciones con el descanso, la seguridad y la normativa de costas.
Nigrán, una referencia cercana
El ejemplo de Nigrán aparece de forma recurrente en el debate. Allí, las actuaciones fueron incluidas expresamente en las condiciones de los establecimientos de playa. La Xunta utiliza ese caso para defender que Vigo también podía haber previsto los conciertos en su plan, mientras los hosteleros lo señalan como una posible referencia para diseñar una regulación propia.
El modelo, sin embargo, no puede trasladarse automáticamente. Vigo tendría que adaptar horarios, aforos, límites acústicos y medidas de seguridad a las características de sus playas y al volumen de público que reciben. La solución pasa por transformar una actividad que se venía celebrando de forma habitual en otra plenamente recogida en las concesiones y sometida a normas conocidas por todos.
Mientras Concello y Xunta mantienen sus respectivas interpretaciones, la temporada avanza. Los hosteleros pierden parte de su programación y los músicos ven desaparecer actuaciones ya previstas. Las primeras reuniones han abierto una vía de diálogo, pero todavía no han producido una solución concreta. El Concello estudia alternativas, la Xunta insiste en la modificación del plan y los concesionarios proponen medidas como seguros específicos y una regulación similar a la de otros municipios.
Todos coinciden en que la música puede volver si se ajusta a la legalidad. La cuestión pendiente es quién debe poner en marcha el procedimiento y con qué condiciones. Hasta que esa respuesta llegue, los conciertos seguirán fuera de los chiringuitos y el margen para recuperarlos este verano será cada vez menor.