Colectivos de memoria histórica de la provincia de Ourense han reclamado al Gobierno central que tramite con carácter urgente la declaración de la antigua Prisión Provincial de Ourense como Lugar de Memoria Democrática, con el objetivo de garantizar su protección y evitar que el deterioro del inmueble o futuros usos puedan desvirtuar su significado histórico.
La petición se produce después de que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, anunciase el pasado 21 de septiembre su intención de plantear a Paradores de Turismo la transformación de la antigua cárcel y de la Casa de Baños en un establecimiento de unas veinte habitaciones. Los colectivos aseguran que, por el momento, no existe un proyecto, un acuerdo con Paradores ni un estudio de viabilidad que concrete esta propuesta.
Las entidades consideran que esta situación vuelve a poner sobre la mesa el futuro de un edificio que consideran fundamental para conservar la memoria de la represión franquista en la provincia. Por ello, sostienen que no pueden permanecer al margen ante el riesgo de que se pierda la última gran huella física de quienes fueron encarcelados y represaliados por sus ideas políticas.
Un lugar clave de la represión en Ourense
Según recuerdan los colectivos, por las instalaciones pasaron cientos de personas detenidas por su vinculación con el republicanismo, el galleguismo, el socialismo, el comunismo, el anarquismo o el movimiento sindical desde el inicio de la Guerra Civil.
Solo entre julio y septiembre de 1936 se contabilizaron más de 400 ingresos en el recinto. Muchos de los presos fueron posteriormente trasladados y asesinados, mientras que sus restos permanecen en numerosos casos sin localizar ni recuperar.
La cárcel, apuntan las organizaciones, constituye por ello uno de los principales espacios físicos que todavía permiten recordar a las víctimas de la represión en Ourense. El edificio permaneció en funcionamiento durante décadas y fue clausurado en 1987. Los colectivos sitúan en 1984 el ingreso de Suso Vaamonde, considerado el último preso político del inmueble.
Un museo de la memoria que nunca llegó
Las asociaciones recuerdan que el futuro de la antigua prisión ya fue objeto de un compromiso institucional. En julio de 2001, el Concello de Ourense firmó con el Estado un convenio por el que asumió la titularidad del inmueble con el objetivo de transformarlo en un museo de la memoria histórica.
La iniciativa contaba entonces con respaldo de distintas fuerzas políticas, pero finalmente nunca llegó a materializarse. Para los colectivos, el paso de los años demuestra los riesgos de prolongar indefinidamente el debate sobre el destino del edificio.
En este sentido, ponen como ejemplo la antigua cárcel de Carabanchel, en Madrid, que fue demolida en 2008, y advierten de que Ourense podría acabar perdiendo también este espacio si no se adoptan medidas para garantizar su conservación.
Reclaman la misma protección que en Lugo
Las entidades han puesto además el foco en la situación de Lugo, donde el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 19 de junio la incoación del procedimiento para declarar la antigua Prisión Provincial de Lugo como Lugar de Memoria Democrática.
A su juicio, Ourense debería recibir la misma consideración y protección. Por ello, Amigos da República de Ourense, el Comité pola Memória Histórica do Val do Límia y el Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova han pedido al Gobierno de España que active de forma urgente el procedimiento previsto en los artículos 49 a 53 de la Ley 20/2022.
La incoación permitiría incorporar preventivamente el inmueble al Inventario de Lugares de Memoria Democrática y facilitaría la adopción de medidas provisionales para frenar su deterioro y protegerlo frente a actuaciones que puedan eliminar o alterar los elementos vinculados a su memoria histórica.
También piden a la Xunta que lo declare BIC
Además de la actuación del Estado, los colectivos reclaman a la Xunta de Galicia que recupere el consenso alcanzado en 2001 e inicie el expediente para declarar la antigua prisión Bien de Interés Cultural (BIC), al amparo de la Ley 5/2016 de patrimonio cultural de Galicia.
Las organizaciones consideran que ambas vías permitirían garantizar la conservación del inmueble mientras se debate su futuro y evitarían que cualquier nuevo proyecto de uso pueda desarrollarse sin tener en cuenta su valor histórico y memorialístico.