La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto a un hombre acusado de un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años, su prima, al considerar que no existen pruebas suficientes que acrediten los hechos. La sentencia, fechada el 28 de octubre de 2025, aplica el principio in dubio pro reo y declara de oficio las costas procesales.
El procedimiento se inició tras una denuncia presentada en febrero de 2022 por la madre de la menor, que aseguró que los abusos se habían producido en varias ocasiones entre 2019 y 2021, tanto en la vivienda familiar de la abuela como en el domicilio de la propia denunciante. El Ministerio Fiscal calificó los hechos como un delito de abuso sexual y solicitó una pena de 12 años de prisión, la privación de la patria potestad durante seis años, una orden de alejamiento de 15 años y una indemnización de 3.000 euros por daños morales.
Durante el juicio, celebrado en junio de 2025, la víctima —ya mayor de edad— declaró haber sufrido tocamientos en distintas circunstancias, aunque sin poder concretar la mayoría de los episodios. El tribunal valoró su testimonio y el informe psicológico elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA), que consideraba su relato “creíble”, pero señaló que dichos dictámenes no pueden sustituir la función de valoración judicial.
La Audiencia destacó que la versión de la denunciante presentaba contradicciones y que ningún testigo —ni familiares ni profesores— corroboró los supuestos hechos. Además, subrayó que el acusado negó las acusaciones y que su declaración no presentó incoherencias.
En su resolución, los magistrados concluyen que la declaración de la víctima, aunque persistente, “no ofrece la solidez necesaria” para destruir la presunción de inocencia, ya que “no ha sido posible una corroboración testifical de los hechos, ni siquiera parcial”.
Ante la existencia de dudas razonables sobre lo ocurrido, el tribunal decidió absolver al acusado del delito continuado de abuso sexual. La sentencia puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el plazo de diez días.
