Jácome, imputado por posibles incompatibilidades entre su actividad privada y la Alcaldía de Ourense

El Tribunal de Instancia de Ourense lo ha imputado por prevaricación por no haber solicitado la compatibilidad entre su cargo público y su actividad privada, especialmente su labor como director de Auria TV, que le reporta "ingresos económicos relevantes"
Imagen de archivo del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, en una intervención en Auria TV | YOUTUBE
Imagen de archivo del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, en una intervención en Auria TV | YOUTUBE

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha sido imputado por un presunto delito continuado de prevaricación tras no haber solicitado la compatibilidad entre su cargo público con dedicación exclusiva y sus actividades profesionales privadas.

El juez aprecia indicios y propone continuar el procedimiento

Según el auto judicial, el magistrado considera que existen indicios suficientes para seguir adelante con la causa por la vía del procedimiento abreviado, lo que podría desembocar en la apertura de juicio oral. La investigación se centra en la ausencia de una solicitud formal de compatibilidad, un requisito exigido por la normativa vigente.

El juez recalca que el problema no es si la compatibilidad podría haberse concedido, sino que el alcalde no la solicitó pese a estar obligado a ello. La legislación establece que cualquier cargo con dedicación exclusiva debe obtener autorización expresa del pleno si realiza actividades remuneradas adicionales.

Actividad en Auria TV y «posible interés personal»

En su resolución, el magistrado pone el foco en la labor del regidor como director de Auria TV, destacando que esta actividad le genera ingresos económicos relevantes. A su juicio, la negativa a tramitar la compatibilidad responde a un interés particular y carece de base legal.

El auto también señala que Jácome habría desatendido acuerdos del pleno municipal que advertían de una posible incompatibilidad, así como las indicaciones de la Fiscalía de Ourense. Además, cuestiona el informe en el que se apoyó el alcalde, calificándolo de carente de rigor.

El instructor considera que esta actuación podría haber causado un perjuicio a las arcas públicas, ya que el alcalde habría percibido un salario que podría no corresponderle. Según apunta, esta situación podría haberse prolongado durante casi siete años, sin que el pleno haya podido pronunciarse por la falta de solicitud formal.

Fiscalía y acusación decidirán el futuro del caso

Con la investigación concluida, el juzgado ha trasladado el caso al Ministerio Fiscal y a la acusación particular, que deberán decidir si presentan escrito de acusación y solicitan la apertura de juicio oral o, por el contrario, piden el archivo de la causa.

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