La Guardia Civil, a través del SEPRONA, ha puesto a disposición judicial a ocho personas por su presunta implicación en delitos de maltrato animal en el marco de la operación ‘Leiteira’. Entre los investigados se encuentran cinco ganaderos gallegos —dos de A Coruña y tres de Lugo— además de otros implicados de Cantabria, Bizkaia y Portugal.
Animales moribundos y heridas graves
La investigación comenzó el pasado mes de enero después de que los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León alertasen de la llegada de un camión con ganado vacuno en condiciones extremas a un matadero de Burgos.
Durante la inspección, los agentes comprobaron que cuatro vacas no podían bajar del vehículo debido a su grave estado físico, una de ellas agonizando. Posteriormente, la revisión de las instalaciones permitió localizar animales extremadamente delgados, moribundos y con lesiones severas en la columna y la cadera.
Las reses, de raza frisona y procedentes de explotaciones lecheras intensivas, presentaban signos evidentes de abandono y sufrimiento prolongado.
Transporte “sin compasión”
Los veterinarios aportaron además pruebas sobre el uso de métodos de manejo prohibidos y documentaron casos de animales transportados “sin compasión”, algunos con fracturas abiertas, fallos multiorgánicos, cuadros de shock o problemas graves durante el parto.
En numerosas ocasiones, el estado de las vacas era irreversible al llegar al matadero, por lo que se ordenó su sacrificio de urgencia.
Las pesquisas del SEPRONA permitieron acreditar al menos siete episodios similares desde enero de 2024. Según la investigación, era habitual el traslado de animales en estado agónico, desnutridos, heridos o incapaces de desplazarse, así como vacas en avanzada gestación o con patologías incompatibles con viajes de larga distancia.
La Guardia Civil denuncia una “mala praxis generalizada”
La Guardia Civil considera que existía una “mala praxis generalizada” tanto en las labores de carga y descarga como durante el transporte del ganado, vulnerando de forma reiterada la normativa de bienestar animal.
Según los investigadores, los implicados habrían priorizado el beneficio económico frente al deber de cuidado de los animales.
La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Comandancia de Burgos, en colaboración con los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León. Además de las diligencias penales remitidas a los juzgados burgaleses, también se han levantado varias actas por infracciones administrativas detectadas durante la investigación.
