Desde hace años, Valdoviño es uno de los ayuntamientos de Galicia que más invierte en seguridad en las playas, con una partida superior a los 130.000 euros, pero a pesar de los esfuerzos por por garantizar el servicio de socorrismo en los arenales a través de esa reserva de partida y poner en marcha diferentes vías de contratación, por segundo año consecutivo no logrará contar con socorristas en todos los arenales, y tan sólo A Frouxeira y Pantín arrancarán mañana, 1 de julio, con el servicio.
Detrás de esta situación está la normativa aprobada por la Xunta de Galicia. El alcalde, Alberto González, lo tiene claro: establece una duración y coste de los cursos de formación para desarrollar un trabajo temporal, en la mayoría de los casos complementario a los estudios, que lleva a los jóvenes a desistir de su realización. Una situación que se vio agravada este año con la decisión de la Xunta de suspender los cursos de reciclaje para aquellas personas que contaban con titulaciones previas a la aprobación de la normativa y que daban acceso al registro de socorristas que permite desarrollar la actividad.
Tras tres procesos de contratación abiertos para cubrir 33 plazas, el Ayuntamiento de Valdoviño logró formalizar 9 contratos. El plazo de presentación de solicitudes continuará abierto, y mientras, el alcalde explica que se está trabajando en la contratación, a través de empresas, de dos patrones para permitir el manejo de embarcaciones de salvamento y rescate, y estudia posibles vías para reforzar el servicio de socorrismo y poder extenderlo a O Baleo, Meirás y Vilarrube.
Esta situación ya fue trasladada también por el alcalde a los responsables de la Xunta en diversas reuniones de trabajo y encuentros, el último al vicepresidente primero en una reciente visita de este a Ferrol. Además, los esfuerzos de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol, de la que forma parte Valdoviño, por facilitar el acceso a los cursos, financiándolos y abriendo convocatorias gratuitas, no fueron capaces de cubrir las plazas ofertadas. En este sentido, la larga duración de la formación, de más de 400 horas, para llevar a cabo una actividad laboral tan limitada en el tiempo, y la necesidad de compatibilizarla en la mayoría de los casos con los estudios reglados, desalentaba la participación.
