La organización ecologista Ecoloxistas en Acción ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Consello de la Xunta de Galicia de declarar como Proyecto Industrial Estratégico la reapertura y ampliación de la mina de Touro-O Pino. Según la entidad, esta medida es «arbitraria» y busca acelerar la tramitación de un proyecto ya rechazado en el pasado.
En un comunicado, el colectivo recordó que el plan de explotación minera de Cobre San Rafael ya fue sometido a evaluación en 2017, pero tanto la administración ambiental gallega como la administración minera lo desestimaron en 2020 y 2021, respectivamente.
Ante estos antecedentes, Ecoloxistas en Acción critica que, pese a contar con una declaración de impacto ambiental desfavorable, el Gobierno gallego haya decidido ahora catalogarlo como Proyecto Industrial Estratégico para agilizar su aprobación. En su opinión, esta decisión no tiene una justificación estratégica real y responde únicamente a un intento de «esquivar el rechazo ambiental y desarticular la oposición vecinal» a la mina.
Además, la organización ecologista advierte de que en Galicia no existe un plan director minero que justifique esta calificación, ni tampoco un mapa industrial aprobado que avale la reactivación del proyecto.
Por su parte, Isabel García, portavoz de Ecoloxistas en Acción y miembro de la plataforma Mina Touro-O Pino Non, ha alertado de los riesgos medioambientales asociados a la explotación, especialmente para los ríos y acuíferos de la zona, así como para la Zona de Especial Conservación del sistema fluvial Ulla-Deza. Según García, los análisis recientes en los ríos Brandelos, Pucheiras, Portapego y en la balsa de Angumil reflejan una contaminación «grave y persistente».
La organización también ha subrayado que la actividad minera generaría un enorme volumen de residuos, ya que el 98,82% del material procesado se convertiría en desechos, incluyendo más de cien toneladas de estériles de planta y otros residuos mineros.
Por último, Ecoloxistas en Acción cuestiona la viabilidad económica del proyecto y denuncia que se le esté dando prioridad a una empresa en suspensión de pagos, como es el caso de Cobre San Rafael. Según la organización, la compañía presenta un fondo de maniobra negativo desde 2021 y no ha aportado el informe de auditoría con el que pretende acreditar su solvencia. En este sentido, advierten que esta aparente insolvencia podría ser una estrategia para eludir la responsabilidad ante posibles desastres ambientales derivados de la explotación minera.
