España cerró 2025 con 345.854 personas con discapacidad afiliadas a la Seguridad Social, la cifra más alta de la serie histórica. El dato, recogido en el último informe del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, supone un crecimiento del 52,58% en la última década. Sin embargo, este avance convive con importantes desequilibrios: los trabajadores con discapacidad apenas representan el 1,60% del total de afiliados.
Detrás del récord se esconde una realidad más compleja. El 58% de las personas con discapacidad en paro llevan más de un año buscando empleo, y cerca de la mitad supera los dos años sin encontrar trabajo, lo que evidencia la persistencia del desempleo de larga duración en este colectivo.
El informe, publicado este mes con datos de 2025, confirma que la brecha con el resto de la población sigue siendo muy elevada. Mientras la tasa de actividad general se aproxima al 79%, en el caso de las personas con discapacidad se sitúa en el 35,4%. En la práctica, casi dos de cada tres personas en edad de trabajar no participan en el mercado laboral.
Un colectivo envejecido y con empleo precario
Otro de los factores que agrava la situación es el envejecimiento del colectivo. El 73% de las personas con discapacidad en edad laboral tiene entre 45 y 64 años, un perfil que presenta mayores dificultades de inserción y reciclaje profesional.
En 2025 se firmaron 275.890 contratos a personas con discapacidad, un 1,52% más que el año anterior. No obstante, la estabilidad sigue siendo una asignatura pendiente: solo el 30% de los contratos fueron indefinidos, la tasa más baja entre los colectivos prioritarios. Siete de cada diez contratos continúan siendo temporales.
Galicia, a la cola en actividad
La situación es especialmente preocupante en Galicia, que figura entre las cuatro comunidades con menor tasa de actividad de personas con discapacidad, junto a Canarias, Andalucía y Asturias. En la comunidad gallega, menos de una de cada tres personas del colectivo participa en el mercado laboral.
Los últimos datos provinciales disponibles, correspondientes a 2023, refuerzan este diagnóstico: las cuatro provincias gallegas presentan niveles de afiliación y contratación por debajo de la media estatal, con especial incidencia del paro de larga duración entre mujeres mayores de 45 años.
Los centros especiales reclaman más apoyo
Desde Cegasal, su presidente, Mino Martínez, advierte de que los datos “confirman lo que venimos diciendo desde hace años: el empleo de las personas con discapacidad crece, sí, pero a un ritmo insuficiente y con unas condiciones que no garantizan la estabilidad”.
Martínez pone el foco en el paro de larga duración como principal problema: “Hablamos de personas que llevan dos, tres o cuatro años sin trabajar. Pierden competencias, se desvinculan del mercado laboral y acaban en situaciones de vulnerabilidad extrema”.
El responsable de la asociación reclama un “cambio de enfoque” en las políticas públicas y mayor implicación institucional. “Los centros especiales de empleo de iniciativa social somos los que más apostamos por las personas con mayores dificultades de inserción. Necesitamos financiación estable y que tanto la Xunta como el Gobierno central entiendan que invertir en inclusión laboral es invertir en cohesión social”, subraya. “Galicia no puede seguir a la cola. Tenemos experiencia, resultados y compromiso. Lo que falta es el respaldo que merecemos”, concluyen.
El papel vital de Cegasal
Cegasal agrupa a 34 centros especiales de empleo de iniciativa social en Galicia, que dan trabajo a 2.580 personas con discapacidad en las cuatro provincias, con especial atención a aquellas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.
