La reforma de la normativa de convivencia escolar también endurecerá las consecuencias del acoso y el ciberacoso e incluirá nuevas medidas educativas y reparadoras. Las novedades se incorporarán a la ley de acompañamiento de los Presupuestos de Galicia para 2027.
La Xunta de Galicia prepara un paquete de medidas para reforzar la protección del profesorado y la convivencia en las aulas, que contempla multas de hasta 15.000 euros por agredir a un docente de un centro público. La reforma, anunciada este martes por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, establecerá un régimen administrativo específico para sancionar estas conductas, sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles o penales que puedan derivarse de los hechos.
La iniciativa pretende reforzar la autoridad de los docentes y ampliar las herramientas disponibles para actuar ante situaciones de violencia en el ámbito educativo. Las sanciones económicas oscilarán entre los 300 euros para las infracciones leves y los 15.000 euros para las muy graves, con una respuesta ajustada a las circunstancias y a la gravedad de cada caso.
El Gobierno gallego incorporará estos cambios a la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2027, mediante una actualización de la normativa autonómica que regula la convivencia y la participación de la comunidad educativa. La propuesta fue evaluada en el Consello da Xunta de este martes.
Una nueva categoría para las conductas graves
La reforma modificará la Ley 4/2011 de convivencia y participación de la comunidad educativa para adaptar sus disposiciones a las nuevas formas de conflictividad escolar. Uno de los principales cambios será la clasificación de las conductas contrarias a la convivencia en tres niveles: leves, graves y muy graves, frente a los dos existentes hasta ahora.
La nueva regulación detallará las actuaciones consideradas de especial gravedad. Entre ellas figurarán las agresiones, los actos violentos, las amenazas y las coacciones, así como las vejaciones, las humillaciones, la discriminación y las manifestaciones de odio. También se incluirán expresamente la violencia de género y sexual, el acoso escolar y el ciberacoso.
La normativa prestará atención, además, a las nuevas formas de vulneración de derechos a través de la tecnología. Así, podrá considerar muy graves la grabación y difusión de contenidos que atenten contra el honor, la dignidad, la intimidad o la propia imagen, así como la creación o manipulación de este tipo de materiales mediante herramientas de inteligencia artificial.
El endurecimiento de las medidas también tendrá en cuenta la reiteración de comportamientos. La acumulación de sanciones firmes por conductas leves podrá elevar la calificación de una nueva infracción a grave, mientras que la reincidencia en faltas graves podrá hacer que una nueva conducta pase a considerarse muy grave.
Expulsión y cambio de centro ante los casos más graves
Las nuevas disposiciones contemplan medidas correctoras más contundentes para las infracciones de mayor gravedad, entre ellas la ampliación de los periodos de suspensión de asistencia al centro o el cambio definitivo de grupo.
En los casos de acoso escolar y ciberacoso, la Xunta prevé establecer, con carácter general, el cambio de centro para el alumnado de enseñanzas obligatorias. En el resto de las enseñanzas, podrá acordarse la pérdida del derecho a continuar escolarizado en el centro, con la posibilidad de impedir una nueva matrícula en el mismo.
La reforma también busca que las sanciones tengan una finalidad educativa y reparadora. Para ello, se reforzarán las aulas de convivencia inclusiva, concebidas como una alternativa a la separación temporal del alumnado y orientadas a facilitar su reincorporación al aula lo antes posible.
El objetivo es que quienes provoquen un daño asuman las consecuencias de sus actos y participen en su reparación, incluso mediante actuaciones en beneficio de la comunidad educativa. La Xunta pretende, de este modo, combinar la respuesta sancionadora con medidas que contribuyan a evitar la repetición de las conductas.
Una Oficina de apoyo al profesorado
Otra de las novedades será la puesta en marcha de una Oficina de apoyo al profesorado, cuya entrada en funcionamiento está en preparación. Este servicio ofrecerá orientación y acompañamiento a los docentes que sufran agresiones, amenazas o situaciones de acoso, tanto presencialmente como a través de las redes sociales.
La oficina facilitará asesoramiento jurídico y asistencia en los procedimientos de denuncia cuando sea necesario. También podrá prestar apoyo ante situaciones protagonizadas por familiares del alumnado o por sus representantes legales.
Paralelamente, la reforma permitirá adoptar medidas provisionales de protección mientras se tramita un procedimiento sancionador. Entre las posibilidades previstas figuran la limitación temporal del acceso al centro educativo, la participación en determinadas actividades escolares o el uso de canales de comunicación con el docente afectado.
La Xunta pretende así establecer una vía administrativa específica para proteger al profesorado, de manera que la respuesta ante una agresión no dependa exclusivamente de las medidas internas del centro o de la eventual intervención de la justicia.
Prevención del acoso y educación en el respeto
El paquete de actuaciones se completará con un plan de coeducación destinado a fomentar las relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la responsabilidad, además de prevenir comportamientos de control, discriminación y violencia.
Las medidas se desarrollarán a lo largo de las distintas etapas educativas, con especial atención a la educación básica y con contenidos adaptados a la edad y al grado de madurez del alumnado. Entre las prioridades figuran la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención del acoso y el ciberacoso, las relaciones afectivas saludables y la resolución pacífica de conflictos.
El ámbito digital también tendrá un papel destacado, con acciones para promover el uso responsable de la tecnología y la protección de la intimidad. La iniciativa incluirá, además, el refuerzo de la formación del profesorado y de la colaboración con las familias.
Estas novedades se integrarán en el Marco gallego de impulso educativo, aprobado en septiembre, y en la nueva Estrategia Gallega de Convivencia que está elaborando el Gobierno autonómico.
La Xunta enmarca la reforma en una evolución favorable del clima escolar en Galicia. Según los datos de las encuestas bienales citadas por el Ejecutivo, alrededor del 88% de las personas consultadas considera que no existen conflictos en las aulas o que estos se producen únicamente de forma puntual.