A pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Partido Popular ha convertido la llamada ley de nietos en uno de los grandes focos de sospecha sobre el proceso electoral. Alberto Núñez Feijóo lleva meses hablando de «ingeniería electoral» y cuestionando las garantías del censo de españoles residentes en el extranjero, en medio de una batalla judicial que mantiene en el aire el voto de más de 163.000 nacionalizados. Sin embargo, los resultados de las últimas elecciones generales en Galicia ofrecen un contraste llamativo con la idea de que ampliar el electorado exterior deba beneficiar a la izquierda: el PP fue la fuerza más votada entre los emigrantes gallegos y recibió más apoyos que PSOE, Sumar y BNG juntos.
La controversia se ha intensificado después de que el Tribunal Supremo ratificase el pasado 12 de octubre la suspensión cautelar de las inscripciones electorales de 163.020 españoles que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática. La medida responde a los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa, que cuestionan una instrucción del Ministerio de Justicia que facilitó la nacionalización de descendientes de españoles emigrados entre 1936 y 1955, al presumir su condición de exiliados sin exigir una acreditación individualizada en todos los casos.
El PP ha respaldado la intervención judicial y llegó a solicitar a la Junta Electoral Central que excluyera del censo para el 29-N las inscripciones afectadas. El lider de los populares fue todavía más explícito este pasado martes 13 de octubre, cuando defendió en EsRadio que «no hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo». Feijóo sostiene que no cuestiona el derecho de los descendientes de exiliados a recuperar la nacionalidad, sino la posibilidad de que se haya concedido a personas que no cumplen los requisitos legales. Una exigencia de control que, sin embargo, ha acompañado de acusaciones sobre una supuesta estrategia del Gobierno para fabricar nuevos votantes.
Los votos de 2023 cuentan una historia diferente
El problema de esa interpretación electoral es que no existen datos que permitan atribuir una orientación política a los nuevos nacionalizados. Y si se observan los últimos resultados conocidos del voto exterior gallego, el panorama tampoco coincide con la imagen de un electorado especialmente favorable a la izquierda.
Según el desglose oficial de la Junta Electoral Central correspondiente a las generales del 23 de julio de 2023, el PP obtuvo 13.245 votos de los españoles residentes en el extranjero inscritos por Galicia, frente a los 11.797 que sumaron conjuntamente PSOE, Sumar y BNG. Los populares superaron por sí solos a las tres formaciones en 1.448 papeletas.
La diferencia fue todavía mayor al incorporar a Vox. Las dos formaciones de derecha reunieron 15.924 sufragios, el 55% de los votos a candidaturas, frente a los 11.797 de PSOE, Sumar y BNG, equivalentes al 40,8%. Una ventaja de 4.127 papeletas que se repitió, con distinta intensidad, en las cuatro provincias gallegas.
Ourense ofrece el ejemplo más claro. Allí, el PP consiguió 3.017 votos desde el extranjero, frente a los 1.176 del PSOE. Al sumar los apoyos de Vox, la derecha más que duplicó los sufragios de PSOE, Sumar y BNG, con una ventaja de 1.920 papeletas. Casi la mitad de toda la diferencia favorable a PP y Vox en el CERA gallego procedió de esta provincia, una de las más vinculadas históricamente a la emigración.
El comportamiento del voto exterior contrastó además con el del conjunto del electorado gallego, donde PSOE, Sumar y BNG sumaron más papeletas que PP y Vox. La incorporación de los votos de los emigrantes redujo en 4.127 sufragios esa ventaja de la izquierda, aunque no alteró el reparto de escaños.
De reivindicar la nacionalidad a cuestionar el censo
Las críticas actuales de Feijóo resultan especialmente llamativas al revisar sus posiciones anteriores sobre la nacionalidad de los descendientes de emigrantes. Durante sus años al frente de la Xunta defendió que pudieran recuperarla tanto los descendientes de exiliados políticos como los de quienes abandonaron España por motivos económicos. En 2022 reivindicó ese reconocimiento como un derecho civil y, durante la campaña electoral de 2023, llegó a comprometerse en Buenos Aires a impulsar una ley específica para facilitar el acceso a la nacionalidad.
El tono cambió en junio de este año, cuando comenzó a vincular las nuevas nacionalizaciones con una supuesta maniobra electoral del Gobierno. Feijóo habló entonces de «ingeniería electoral» y de la intención de «fabricar nuevos votantes», antes de que la controversia desembocara en los tribunales.
Su posición actual distingue entre el derecho a obtener la nacionalidad y la necesidad de comprobar los requisitos legales, pero esa discusión es diferente de la sospecha de que las nuevas incorporaciones al censo respondan a una estrategia para aumentar los apoyos de la izquierda.
También conviene tener presente una circunstancia que suele quedar en segundo plano: de los 472.141 electores inscritos en el CERA gallego en 2023, solo votaron 29.818. La participación fue de apenas el 6,32%, pese a que ya se había eliminado el voto rogado. La distancia entre el número de inscritos y el de votantes efectivos demuestra que ampliar el censo no equivale automáticamente a conseguir más sufragios.
Nada de lo ocurrido en 2023 permite saber a quién votarán los beneficiarios de la ley de nietos. El censo exterior no distingue en sus resultados electorales entre españoles de nacimiento y quienes adquirieron la nacionalidad por otras vías. Tampoco sería riguroso trasladar las preferencias de los gallegos que votaron hace tres años a los 163.020 nacionalizados afectados por la suspensión judicial en toda España.
Lo que sí puede comprobarse es que el precedente electoral gallego no respalda la idea de que el voto exterior favorezca necesariamente a la izquierda. El PP fue la primera fuerza en las cuatro provincias y, junto a Vox, obtuvo una mayoría clara de los votos a candidaturas entre quienes participaron desde el extranjero.