La Fiscalía Superior de Galicia ha advertido de incidencias relevantes en el funcionamiento de las pulseras telemáticas de control de agresores por violencia machista, especialmente en municipios pequeños y zonas próximas a la frontera con Portugal. Los problemas están relacionados tanto con las alertas reiteradas por la distancia de alejamiento como con las deficiencias de cobertura que pueden afectar a la geolocalización de agresores y víctimas.
Según una información publicada por La Voz de Galicia, estas advertencias figuran en la memoria anual de la Fiscalía correspondiente a 2026, que se entregará el próximo mes al Parlamento gallego. El documento, el primero elaborado bajo la dirección de Carmen Eiró Bouza como fiscala superior de Galicia, recoge las dificultades detectadas en el uso de estos dispositivos del Ministerio de Igualdad y alerta de que las incidencias llegan diariamente a la institución.
Alertas reiteradas y problemas de cobertura
La Fiscalía señala que la provincia de Pontevedra concentra incidencias especialmente relevantes en localidades pequeñas y zonas fronterizas con Portugal. En A Coruña, por su parte, uno de los principales problemas está relacionado con la distancia mínima de alejamiento, fijada en 500 metros.
Según explica el ministerio público, esta limitación provoca que se activen avisos reiterados cuando el agresor entra en el perímetro de exclusión, tanto en entornos urbanos como en municipios de menor tamaño. Algunas de estas alertas se corresponderían con episodios de muy corta duración, inferiores a dos minutos, que generan notificaciones repetitivas en el sistema.
A estas situaciones se suman las zonas sin cobertura, que pueden ocasionar desconexiones temporales y dificultar la localización de las personas que llevan los dispositivos. La Fiscalía advierte de que estos fallos pueden afectar tanto al seguimiento de los agresores como a la geolocalización de las mujeres protegidas.
El volumen de avisos es constante. La institución señala que recibe a diario numerosas comunicaciones del centro Cometa, encargado de gestionar y supervisar los dispositivos telemáticos de control de los agresores.
Pontevedra concentró la mayoría de las pulseras
Los datos recogidos en la memoria reflejan que durante el año pasado se utilizaron 198 pulseras antimaltrato en Galicia, tanto para el cumplimiento de penas de alejamiento como en el marco de medidas cautelares.
Pontevedra fue la provincia con más dispositivos instalados, con un total de 120. Le siguió A Coruña, con 50, mientras que en Ourense se utilizaron 20 y en Lugo, ocho.
La distribución evidencia el peso de estos sistemas de vigilancia en la provincia pontevedresa, donde la Fiscalía ha señalado problemas específicos en localidades próximas a Portugal. En A Coruña, las advertencias se centran en las dificultades de cobertura y en las alertas derivadas de la distancia de seguridad.
La Fiscalía General del Estado también alertó de fallos
Las advertencias de la Fiscalía gallega se producen después de que la Fiscalía General del Estado recogiese en su memoria anual, presentada el pasado septiembre, problemas similares en el funcionamiento de las pulseras. Entre las dificultades señaladas por distintos representantes del ministerio público figuraban precisamente las relacionadas con la ruralidad y la proximidad entre agresores y víctimas.
Asimismo, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género había promovido la identificación de zonas con problemas de cobertura para trasladar esta información a los órganos judiciales. El objetivo era que los jueces pudiesen tener en cuenta las limitaciones técnicas existentes en determinados territorios a la hora de acordar el uso de estos dispositivos como medida adicional de control de las órdenes de alejamiento.
La preocupación por el funcionamiento de las pulseras se suma a la evolución de los procedimientos por violencia de género en Galicia. Según la memoria de la Fiscalía, las causas incoadas aumentaron cerca de un 8 % durante el periodo analizado, en un contexto en el que el sistema VioGén contabilizaba más de 6.000 casos activos en la comunidad.
El informe de la Fiscalía Superior también aborda otras cuestiones que considera prioritarias, como la violencia machista, el acoso escolar, la ciberdelincuencia, la protección del medio ambiente y la atención a las personas mayores.