La historia de Daniel Dorado y su padre, Agapito, es la de una batalla que mezcla dolor, burocracia y una búsqueda constante de dignidad: su caso ha terminado en los tribunales, donde reclaman 1,5 millones de euros por una negligencia médica que, con apenas 48 años, lo dejó con tetraparesia, deterioro cognitivo y una discapacidad reconocida del 100%.
Un error con consecuencias irreversibles
Agapito Dorado, de 48 años, ingresó el 15 de julio de 2024 en el Hospital Montecelo de Pontevedra por una pancreatitis. Su evolución era favorable hasta que, según consta en los informes médicos, se produjo un fallo crítico: se le administró metamizol por vía intravenosa pese a que su historial reflejaba claramente una alergia previa a este fármaco.
La reacción fue inmediata y devastadora: sufrió un shock anafiláctico que derivó en una parada cardiorrespiratoria durante aproximadamente 15 minutos. Ese tiempo sin oxígeno provocó un daño cerebral severo. Desde entonces, Agapito vive con tetraparesia, deterioro cognitivo y una discapacidad reconocida del 100%.
“Su alergia constaba, pero les dio igual»
Daniel, su hijo, relata con crudeza lo ocurrido. “Según consta en informes médicos, se le administra accidentalmente un metamizol: tenía alergia y ya había tenido una reacción anafiláctica previa, pero se lo pusieron igual. Entró en parada por un shock anafiláctico y estuvo 15 minutos en parada”.
Durante semanas, la familia vivió en la incertidumbre. “Estuvo en coma dos semanas. Cada día una información diferente, cada día un médico distinto”, recuerda. El propio Daniel asegura que en la documentación hospitalaria se refleja claramente la administración del fármaco, aunque posteriormente se intentó corregir.
“Llegó a planta y le administraron metamizol: aunque después lo tacharon, no sabemos con qué objetivo, en el informe se veía perfectamente por debajo», relata Dani.
Nueve meses de hospital y un largo deterioro
Tras el episodio, Agapito permaneció nueve meses ingresado en condiciones que su familia califica de “muy duras”. “Fueron nueve meses en el hospital muy duros, con úlceras, mal atendido…”.
Posteriormente fue trasladado a una residencia, donde continúa en la actualidad. Allí, denuncia su hijo, la atención es limitada y no responde a sus necesidades reales. “No tiene ni fisioterapeuta ni logopeda en condiciones. Todo eso lo estoy pagando yo», detalla.
La batalla legal: una indemnización en disputa
Daniel, designado tutor legal de su padre, ha presentado una demanda contra la aseguradora del Sergas en la que reclama 1,5 millones de euros. La cantidad, explica, responde a los cuidados de por vida que necesita su padre.
Sin embargo, el conflicto se centra en la valoración del daño. Según relata. “Nuestros peritos valoran el daño en 1,5 millones. Ellos mismos lo llegaron a valorar en 800.000 o 900.000 euros, pero después lo bajan a 200.000”.
La reducción, asegura, se basa en un argumento que considera injustificado: “Dicen que una persona ‘con daño cerebral y traqueotomía’ tiene una esperanza de vida de cinco años, aunque él ni tiene traqueotomía ni infecciones constantes. Lleva más de un año estable”.
Para la familia, esta valoración “deshumaniza” el caso. “Mi padre no es un número y no tiene una enfermedad terminal”.
Una vida dedicada al cuidado
El impacto no ha sido solo sanitario, sino también personal y económico. Daniel ha tenido que reorganizar por completo su vida: “Soy entrenador de fútbol y tuve que dejar de entrenar para atenderlo: vengo todos los días a verlo y me estoy haciendo cargo de casi todos los pagos”.
La situación económica es límite. “Cobra 947 euros al mes y en la residencia le cobran 937. El resto son gastos: cremas, enemas que no cubre la Seguridad Social… no hay ningún tipo de ayuda”.
Para poder costear terapias como logopedia o fisioterapia, ha recurrido a campañas solidarias: “Estoy tirando de crowdfunding, sorteos, venta de pulseras… la gente se está volcando mucho”.
Un paciente joven sin rehabilitación adecuada
Uno de los puntos más críticos que denuncia la familia es la falta de un plan de rehabilitación adecuado. Actualmente, Agapito no recibe la intensidad terapéutica que recomiendan los especialistas. Además, denuncia la falta de seguimiento neurológico. “En un año y medio nunca vino un neurólogo a verlo”.
“Respira por sí mismo desde hace mucho tiempo y entiende lo que se le dice, pero tiene afasia de Broca: no puede hablar ni moverse”. Su hijo destaca pequeños avances que refuerzan su lucha. “Me reconoce. Entro y sabe quién soy: cuando ve a su nieta se pone muy contento”.
Una lucha por la dignidad
Más allá de la compensación económica, Daniel insiste en que su objetivo es claro. “Lo único que quiero es que tenga una rehabilitación en condiciones y poder darle calidad de vida”. Entre sus peticiones, incluso incluyó una medida concreta.
“Pedí una furgoneta adaptada para poder sacarlo, llevarlo al mar o a ver a su nieta, pero sólo me ofrecieron pagarle taxis», relata. El proceso judicial sigue en marcha, a la espera de la audiencia previa. Mientras tanto, la familia continúa una lucha diaria que va mucho más allá de los tribunales. “Lo que más me machaca es tener que pelear por todo esto. Solo quiero dignidad para mi padre”, concluye.
