La nueva Sección Tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha tomado su primera gran decisión eólica tras la polémica salida del magistrado Luís Villares. El resultado dinamita el relato político: el tribunal ha acordado paralizar cautelarmente el parque Pena do Pico (Ancares lucenses), confirmando que el freno a estos proyectos responde a riesgos ambientales irreversibles y no a la ideología de un juez.
La presidenta de la Sala, María Azucena Recio, acordó en marzo el traslado de Villares. Aunque la decisión se justificó por «razones organizativas», generó una intensa controversia. Juezas y Jueces para la Democracia advirtió de que estos traslados «forzosos» podían afectar a la independencia, recordando la enorme presión política y mediática que pesaba sobre la sección por paralizar parques eólicos.
La reorganización, que también apartó a Dolores López, modificó una cúpula encargada de asuntos hipersensibles para la Xunta, alimentando sospechas de un giro favorable a las promotoras. Sin embargo, ya sin Villares ni López, la Sección Tercera ha acordado por unanimidad aceptar las medidas cautelares de ADEGA. Esto debilita la idea de que las paralizaciones respondían a la posición de un único magistrado y constata que la nueva Sala también detecta deficiencias graves.
Qué ha decidido exactamente el tribunal
El auto suspende la eficacia de las autorizaciones de construcción concedidas por la Xunta al parque Pena do Pico. Aunque no es una sentencia definitiva, la medida cautelar busca evitar que las obras avancen y causen daños irreparables durante el proceso.
La Sala estima la petición ecologista sin exigir caución económica e impone las costas a la Xunta y a Greenalia. La empresa podrá realizar trámites para no perder sus permisos de conexión, pero no podrá iniciar materialmente la construcción.
El argumento central es el periculum in mora: el peligro de que la demora judicial deje el recurso sin utilidad, ya que el daño ecológico podría estar hecho y la restauración rara vez devuelve un ecosistema a su estado original.
El parque, de 11,69 megavatios, presenta riesgos evidentes en una zona de alto valor ecológico. El tribunal destaca su fuerte impacto territorial, al proyectarse sobre Baralla y Becerreá, enclavados dentro de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño. Además, subraya su excesiva proximidad a espacios que la Xunta propuso para ampliar la Red Natura 2000. A esto se suma el grave peligro para la avifauna, apreciando indicios de riesgo de colisión para aves protegidas como el aguilucho cenizo, el aguilucho pálido y el milano real.
La transición energética no es un «cheque en blanco»
Para el TSXG, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable de la Xunta no cierra el debate. El auto recuerda que una DIA es un acto administrativo sometido a control judicial, no una garantía absoluta de inocuidad.
El razonamiento más contundente recae sobre las medidas correctoras de la empresa. La Sala rechaza frontalmente lo que define como medidas de carácter “post mortem”: mecanismos pensados para reaccionar cuando el impacto ya se ha producido o las aves ya han muerto, en lugar de evitar el daño desde el principio.
Gobierno gallego y promotoras invocaron el interés de la descarbonización. El TSXG reconoce este objetivo, pero advierte de que la energía eólica no otorga un «cheque en blanco» para obviar la protección de la naturaleza.
Esta primera resolución post-Villares dinamita el relato del lawfare autonómico. Pena do Pico se convierte en un caso simbólico: no solo deja los molinos en tierra, sino que devuelve el foco a la Xunta, exigiendo mayor rigor en sus trámites y recordando la obligación legal de evitar un daño antes de que sea tarde.