La advertencia del Estado de retirar la habilitación a la comercializadora de Recursos de Galicia por falta de actividad ha abierto un frente incómodo para la Xunta justo cuando Alfonso Rueda plantea multiplicar el capital de la sociedad hasta situarlo entre los 100 y los 150 millones de euros. El PSdeG acusa al Gobierno de Alfonso Rueda de querer destinar más dinero público a una empresa que afronta un procedimiento estatal para perder su habilitación como comercializadora por no haber adquirido energía durante seis meses.
La portavoz socialista de Industria y Energía en el Parlamento gallego, Patricia Iglesias, considera que el expediente abierto por la Administración General del Estado confirma las dudas que su grupo viene expresando desde la creación de RDG en 2023. A su juicio, la sociedad funciona con una «absoluta falta de transparencia» y no ha cumplido los objetivos con los que fue presentada.
El conflicto se agrava por el anuncio realizado esta semana por Rueda. El presidente de la Xunta avanzó que el capital de Recursos de Galicia, actualmente superior a los 43 millones de euros, podría elevarse hasta una cifra situada entre los 100 y los 150 millones.
Para Iglesias, ese movimiento no representa un nuevo impulso, sino la admisión de que el modelo no ha funcionado. «A ampliación de capital que anunciou Rueda é unha confesión do fracaso dun modelo montado para non render contas e incapaz de cumprir os obxectivos cos que foi creado», afirmó la diputada socialista.
Una comercializadora sin actividad
El elemento que ha encendido las alarmas es el procedimiento estatal para extinguir la habilitación de la comercializadora vinculada a RDG. El motivo es la ausencia de compras de energía durante un periodo de seis meses, una circunstancia difícil de encajar, según el PSdeG, con la misión para la que fue constituida.
La comercializadora debía competir en el mercado eléctrico y facilitar energía más barata a familias y empresas gallegas. Para los socialistas, que el proyecto esté ahora bajo expediente por falta de actividad convierte su principal promesa en el símbolo de sus carencias. Iglesias resume la contradicción con una pregunta: cómo puede una empresa creada para operar en el mercado eléctrico exponerse a perder su autorización precisamente por no haber operado.
La parlamentaria también destaca la proximidad entre ambos acontecimientos. Solo cuatro días después de publicarse el procedimiento en el Boletín Oficial del Estado, la Xunta anunció la futura ampliación de capital. «Cando o proxecto fracasa, o PP non rende contas; pide máis recursos públicos para ir ao rescate do fracaso», criticó.
De 43 millones a un máximo de 150
La operación anunciada por Rueda podría más que duplicar el capital actual de Recursos de Galicia. En el extremo superior de la horquilla planteada, la sociedad pasaría de algo más de 43 millones a 150 millones de euros, alrededor de tres veces y media su capital actual. El PSdeG reclama que la Xunta explique cuánto dinero público pretende aportar, qué necesidades financieras justifican la operación y qué resultados ha obtenido hasta ahora la empresa.
La Administración autonómica controla el 30 % del capital social, por lo que cualquier ampliación abre interrogantes sobre la participación que asumirá la Xunta y sobre el volumen de recursos públicos que deberá movilizar. Para Iglesias, antes de inyectar más fondos debería aclararse por qué no se ha puesto en marcha de forma efectiva el proyecto que debía actuar como escaparate de RDG.
Las cuentas que el Parlamento no conoce
Los socialistas sitúan la falta de información en el centro de sus críticas. Según Iglesias, el Parlamento gallego continúa sin conocer el plan de negocio, los resultados económicos, los contratos firmados, los acuerdos de compra de energía —conocidos como PPA— ni el número de hogares y empresas que habrían obtenido una reducción de su factura eléctrica.
La diputada exige respuestas sobre tres cuestiones: la falta de actividad de la comercializadora, la decisión de ampliar el capital sin haber demostrado el funcionamiento del proyecto y la ausencia de información económica y empresarial en la Cámara gallega. «A propaganda chocou coa realidade», sentenció Iglesias, quien acusa a la Xunta de buscar más fondos para cubrir la falta de resultados.
El precedente de Impulsa Galicia
El PSdeG también establece un paralelismo entre Recursos de Galicia e Impulsa Galicia, otra sociedad público-privada promovida por la Xunta. Iglesias considera que ambas responden a una misma fórmula: estructuras societarias alejadas del control parlamentario, grandes anuncios institucionales y poca información sobre su actividad real.
«Primeiro foi Impulsa Galicia e agora é Recursos de Galicia. Cambian o nome, cambian o logotipo, pero repiten exactamente o mesmo modelo de moita propaganda e pouca transparencia», reprochó. El debate queda ahora pendiente de dos aclaraciones. Por un lado, la resolución definitiva del expediente estatal sobre la habilitación de la comercializadora. Por otro, el diseño concreto de la ampliación de capital anunciada por Rueda: cuánto aportará la Xunta, qué parte asumirán los socios privados y qué proyectos justificarán una inversión que podría alcanzar los 150 millones de euros.
