La comercializadora eléctrica que la Xunta presentó como una de las grandes apuestas de su política energética afronta ahora un expediente del Gobierno central que puede terminar con la retirada de su habilitación. El Ministerio para la Transición Ecológica ha incluido a RDG Comercializadora Galega de Enerxía entre las empresas que no compraron electricidad en el mercado de producción durante los seis meses posteriores a su autorización.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 16 de julio el inicio del procedimiento contra 25 comercializadoras. La lista incluye a la sociedad impulsada por Recursos de Galicia, la compañía público-privada en la que participa la Xunta. El expediente no supone todavía la retirada definitiva de la autorización, pero limita desde este momento la actividad de la empresa. Las distribuidoras no podrán tramitar nuevas altas ni cambios de comercializador a su favor y sus ofertas desaparecerán del comparador oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Sin nuevas altas mientras se resuelve el expediente
El Ministerio también suspende el acceso de las empresas afectadas a las bases de datos de puntos de suministro y les impide obtener información sobre consumidores o cambios de comercializador. Las medidas seguirán vigentes mientras la Administración decide si extingue definitivamente sus habilitaciones.
Transición Ecológica abrió el procedimiento al considerar que estas sociedades no adquirieron energía en el mercado de producción dentro del plazo de seis meses establecido para comenzar a ejercer la actividad.
RDG dispone de diez días hábiles para presentar alegaciones, documentos y justificantes. El Ministerio también ha trasladado el expediente a Red Eléctrica, al operador del mercado OMIE, a la CNMC y a las distribuidoras para que puedan pronunciarse. La empresa sostiene que continúa «plenamente operativa» y anuncia que pedirá el archivo del procedimiento. Entre sus argumentos cita la «irretroactividad» y la «desproporcionalidad» de la medida, al tiempo que mantiene su objetivo de ofrecer precios energéticos competitivos y estables.
De prometer electricidad más barata a afrontar la retirada de la licencia
La apertura del expediente llega menos de dos años después de que Alfonso Rueda presentara la comercializadora como una pieza central de la estrategia energética de la Xunta. El presidente gallego anunció el proyecto en septiembre de 2024, durante una reunión de trabajo de su Gobierno en Sober. Entonces aseguró que la empresa comenzaría a operar a principios de 2025 para «abaratar y descarbonizar» el consumo eléctrico en Galicia.
El plan prometía vender energía «100 % renovable» a un precio estable y «sustancialmente por debajo del mercado». La Xunta situaba entre sus clientes prioritarios a las industrias estratégicas y a los vecinos de las zonas próximas a los proyectos renovables gestionados por Recursos de Galicia.
Días después, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, detalló que la comercializadora vendería toda su energía dentro de Galicia. También anunció descuentos medios de hasta el 50 % respecto al precio de mercado para los habitantes de las áreas cercanas a parques eólicos y otras instalaciones renovables participadas por RDG.
Para las empresas, la sociedad pretendía ofrecer contratos de compraventa a largo plazo que protegieran a autónomos, pymes e industrias frente a las oscilaciones del mercado eléctrico. La Xunta llegó a definirla como la primera comercializadora público-privada de estas características en España.
Diez días para evitar la retirada de la habilitación
RDG Comercializadora Galega de Enerxía pertenece íntegramente a Recursos de Galicia, una sociedad participada por la Xunta y por empresas privadas gallegas. El Gobierno autonómico concibió la compañía como el enlace entre la producción renovable, el tejido industrial y los consumidores de los territorios donde se instalan los proyectos energéticos.
El expediente abre ahora una fase de alegaciones en la que la empresa deberá acreditar que cumple las condiciones necesarias para mantener su autorización. Hasta que el Ministerio adopte una decisión, no podrá incorporar nuevos clientes ni aparecer con ofertas en el comparador de la CNMC.
La resolución definitiva determinará si la comercializadora conserva la habilitación o si el Gobierno central la expulsa del mercado antes de que el proyecto anunciado por la Xunta alcance los objetivos con los que nació.
