La Fiscalía examina posibles anomalías en la gestión del Servizo de Axuda no Fogar —SAF— de Ponteareas.
El ministerio público ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por la CIG ante la inspección de servicios sociales contra la empresa concesionaria. También ha solicitado al Concello la documentación relativa a los trámites realizados tras las denuncias del personal, con el fin de determinar si podría existir un delito de prevaricación administrativa.
La CIG atribuye la apertura de diligencias a la documentación que trasladó a Fiscalía sobre los supuestos incumplimientos de la empresa Óbolo y la falta de respuesta municipal. El sindicato sostiene que el Concello no actuó pese a recibir dos avisos formales sobre la situación del SAF y que esa inacción podría derivar en un posible delito de prevaricación administrativa.
La central lamenta que el gobierno local negara cualquier irregularidad incluso después de iniciarse la huelga y critica que no se impulsara un expediente sancionador o la revisión del contrato. Según la organización, el Concello recurrió entretanto a medios propios y a proveedores municipales para suplir las deficiencias del servicio.
La apertura del expediente sancionador no se llevó al pleno municipal hasta el 28 de octubre, casi tres meses después de que el Concello tuviera conocimiento de los hechos y con la huelga indefinida ya en su segundo mes.
