La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el Pazo de Meirás ha confirmado que el histórico edificio es de dominio público y debe permanecer en manos del Estado, pero también ha introducido un elemento polémico: la posibilidad de que la familia del dictador Francisco Franco reciba una indemnización que podría rondar el millón de euros por los gastos derivados de su ocupación durante décadas.
Una de las claves que han permitido que esa compensación sea contemplada por los tribunales es un informe encargado durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta de Galicia. Ese documento, elaborado por una comisión de expertos y remitido al Parlamento gallego en 2018, planteaba que para recuperar el pazo era necesario asumir el pago de los gastos que los herederos del dictador aseguraban haber afrontado desde la muerte de Franco en 1975.
Un informe que allana el camino a la indemnización
El informe defendía que los Franco habían ocupado el inmueble “de buena fe”, al haber heredado la propiedad sin cuestionar el origen de su titularidad. Esa conclusión abrió la puerta a que el Estado asumiera los gastos de mantenimiento, reparaciones y otras inversiones realizadas en el edificio durante décadas.
El Tribunal Supremo ha tomado ese documento como una de las bases para su resolución, lo que supone, de facto, una pequeña victoria para los herederos del dictador, pese a que la sentencia ratifica que el pazo fue usurpado en 1938 y pertenece al patrimonio público.
El cálculo de la posible indemnización procede de la propia estimación presentada por la familia Franco, basada en facturas y costes de mantenimiento del inmueble entre noviembre de 1975 y 2020, cuando una sentencia histórica ordenó devolver el edificio al Estado. Diversas fuentes del proceso sitúan la cifra en torno al millón de euros, aunque la cantidad definitiva deberá fijarla el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña durante la fase de ejecución de la sentencia.
El Gobierno recurrirá para evitar el pago
El Ejecutivo central ya ha anunciado que tratará de impedir que los Franco reciban esa compensación. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró que el Gobierno “dará la batalla” legal para evitar que el Estado tenga que indemnizar a los herederos del dictador.
Según explicó, la Abogacía del Estado estudia las vías jurídicas para recurrir el fallo en este punto concreto. El objetivo es que el uso privado que la familia hizo del pazo durante décadas no suponga ahora un coste económico para las arcas públicas.
“Vamos a dar la batalla para que un uso privativo no tengamos que indemnizarlo con cantidades económicas”, afirmó el ministro, que también pidió la colaboración del resto de administraciones implicadas en el proceso.
Una victoria con polémica
La sentencia del Supremo confirma definitivamente la titularidad pública del Pazo de Meirás, que la familia Franco ya entregó en 2021 tras perder la batalla judicial. Sin embargo, la posibilidad de que reciban una compensación millonaria por abandonar el inmueble ha reabierto la polémica política y jurídica en torno a uno de los símbolos más conocidos del expolio del franquismo.
Mientras el Gobierno prepara nuevos recursos para evitar el pago, el futuro del pazo pasa ahora por su apertura al público y su conversión en un espacio de memoria democrática que recuerde la historia de la propiedad y su relación con la dictadura.
