El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó este miércoles la puesta en marcha de un nuevo paquete económico superior a los 150 millones de euros destinado a mitigar el impacto que la guerra de Irán está teniendo en los sectores productivos gallegos.
Durante la sesión de control en el Parlamento autonómico, el jefe del Ejecutivo gallego explicó que este plan será aprobado en la reunión del Consello da Xunta prevista para el próximo lunes y que se sumará a los más de 120 millones de euros que, según las estimaciones del Gobierno gallego, dejarán de ingresar las arcas autonómicas como consecuencia de las medidas estatales para hacer frente a la crisis.
Entre las actuaciones previstas, Rueda destacó la habilitación de líneas de financiación rápida para empresas con actividad en Oriente Medio, con el objetivo de facilitar liquidez mediante créditos que podrían resolverse en un plazo aproximado de diez días. Asimismo, el plan incluirá ayudas específicas para el sector del transporte, especialmente afectado por el encarecimiento de los combustibles.
El presidente gallego también incidió en el refuerzo de las medidas dirigidas al sector primario y al ámbito marítimo. En este sentido, se priorizará la agilización de subvenciones para modernizar maquinaria y embarcaciones, buscando reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia en un contexto de subida de costes.
En el ámbito social, la Xunta prevé acelerar distintas ayudas, como el adelanto de complementos vinculados a pensiones no contributivas y a la renta de integración social, con el fin de proteger a los colectivos más vulnerables ante las consecuencias económicas del conflicto.
El anuncio se produjo en un contexto de fuerte confrontación política con la portavoz del BNG, Ana Pontón, quien criticó la insuficiencia de las medidas y reclamó una respuesta más ambiciosa. Frente a ello, Rueda defendió la capacidad de su Ejecutivo para actuar con rapidez dentro de sus competencias y recursos, subrayando que Galicia fue una de las primeras comunidades en evaluar el impacto del conflicto y en contactar con los sectores afectados.
El paquete forma parte de una estrategia más amplia con la que el Gobierno autonómico pretende amortiguar las consecuencias económicas derivadas de la inestabilidad internacional, especialmente en áreas clave como transporte, industria, agricultura y pesca.
