La crisis de conectividad aérea situó de nuevo a los aeropuertos gallegos en el centro del debate político durante las últimas semanas. Con el sistema perdiendo en torno a 2.000 pasajeros diarios en el arranque de 2026 y con el aeropuerto de Santiago como principal afectado tras la retirada de Ryanair y antes de su cierre temporal por obras, los partidos se vieron obligados a fijar posición sobre qué hacer con Lavacolla, Peinador y Alvedro, pero también —y sobre todo— sobre quién debe tomar las decisiones.
El PP defendió en los últimos días que la Xunta debía moverse dentro del margen que le permite el actual reparto competencial. Sin capacidad para gestionar directamente los aeropuertos, el Gobierno gallego apuesta por reforzar la colaboración con Aena y utilizar la promoción turística como principal herramienta para captar y consolidar nuevas rutas.
En ese marco, la Xunta anunció un plan para destinar 100.000 euros por cada nueva ruta aérea a campañas de promoción, con un máximo de dos rutas por aeropuerto y año. El Ejecutivo autonómico explicó que esos fondos no se destinarían a subvencionar a aerolíneas, sino a acciones de marketing en origen y en destino que incrementasen la demanda y aportasen viabilidad a medio y largo plazo a las conexiones.
Diego Calvo ha insistido en que el objetivo es consolidar vuelos sostenibles y evitar el modelo de incentivos directos que, según el PP, ha generado en el pasado rutas efímeras que desaparecían al finalizar las ayudas. En paralelo, la Xunta reclamó la implicación de ayuntamientos y diputaciones para construir una propuesta conjunta que, según su diagnóstico, hasta ahora no había existido.
Ese discurso se acompañó de un llamamiento explícito a rebajar la confrontación territorial. El Gobierno gallego pidió “empujar todos en la misma dirección” y dejar a un lado las dinámicas de competencia entre ciudades, defendiendo que la coordinación institucional aumentaría las posibilidades de captar nuevas conexiones. Frente a las críticas por el desplome de pasajeros en Santiago, el PP se ha referido a factores externos para contextualizar la situación, como la salida de Ryanair, el cierre temporal por obras o la competencia del AVE en rutas como Madrid, subrayando que la crisis no respondía a una única causa.
Para los socialistas, el problema no se limita a la falta de rutas o a los recursos económicos disponibles, sino a la ausencia de Galicia en los espacios donde se toman las decisiones estratégicas. El secretario general del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro defendió que Galicia debía “dar voz” a la comunidad en la política aeroportuaria estatal.
La propuesta socialista pasa por la creación de una comisión bilateral con el Estado que permitiese coordinar la estrategia de los tres aeropuertos gallegos, optimizar recursos y evitar duplicidades. El PSdeG argumentó que este mecanismo permitiría a Galicia influir de forma estable en la planificación, sin necesidad de romper el marco de Aena ni de plantear una transferencia inmediata de competencias.
Los socialistas no cuestionan que la gestión aeroportuaria siga siendo estatal, pero sí critican que la Xunta acepte un papel secundario y reactivo. En su planteamiento, la bilateral serviría para convertir la conectividad aérea en una política estratégica, alineando transporte, turismo y tejido productivo, y evitando que cada crisis se abordase de manera fragmentada.
El PSdeG ha defendido esta vía como una alternativa “pragmática” entre el inmovilismo y el todo o nada, y subrayó que otras comunidades ya habían avanzado en fórmulas de cogestión o participación política sin necesidad de asumir plenamente las competencias. En un escenario de fuerte caída de Lavacolla y de evolución desigual entre aeropuertos, los socialistas utilizaron los datos para reforzar su tesis de que falta una estrategia de sistema con liderazgo político.
Para el BNG, cualquier debate sobre coordinación o promoción resulta insuficiente mientras Galicia no tenga capacidad real de decisión sobre sus aeropuertos. La viceportavoz parlamentaria Olalla Rodil ha defendido en el Parlamento abrir una negociación con el Estado para la transferencia de las competencias aeroportuarias.
Rodil sostuvo que “se queremos decidir, o primeiro que precisamos son as competencias” y acusó al Gobierno gallego de haber renunciado a ejercer liderazgo. Según el BNG, la falta de poder político de Galicia ha convertido el mapa aeroportuario en una competencia permanente entre ciudades, que describió como “unha especie de xogos da fame”.
El Bloque rechaza que la coordinación voluntaria pueda resolver el problema de fondo. La formación nacionalista argumentó que sin competencias no existe una planificación coherente y que el sistema acaba fragmentándose en campañas locales y negociaciones aisladas con aerolíneas. La transferencia, insistió el BNG, no es una reivindicación simbólica, sino una herramienta práctica para ordenar el sistema y defender una visión de país.
