El concello de Baiona ha reordenado parte de su gobierno municipal después de que la Fiscalía haya abierto una investigación que afecta al concejal de Urbanismo, José Ángel Bahamonde, por una posible incompatibilidad entre su cargo público y su participación en una empresa constructora con actividad en el propio municipio.
La decisión ha sido adoptada por el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, que ha optado por retirar al edil las competencias de Urbanismo, Patrimonio y Vivienda y asumir él mismo esas áreas de forma temporal. Según explicó el regidor, la medida busca evitar situaciones de tensión en el departamento mientras se aclara la situación judicial y garantizar el normal funcionamiento de la administración local.
Cambio a Medio Ambiente e Infraestructuras
El concejal investigado no abandona el equipo de gobierno, pero sí ve reducidas sus responsabilidades, que a partir de ahora se centrarán en Medio Ambiente e Infraestructuras. Además, deja de tener dedicación exclusiva, por lo que su retribución pasará a depender únicamente de asistencias a plenos y otros órganos municipales.
La investigación se centra en la relación de Bahamonde con la empresa Encaixa Modular, vinculada a proyectos urbanísticos en Baiona, entre ellos la construcción de viviendas turísticas. La Fiscalía estudia si esa vinculación empresarial pudo entrar en conflicto con sus funciones como responsable de Urbanismo, especialmente en lo relativo a la tramitación de licencias.
Desde el Concello se sostiene que la situación se conoció oficialmente a raíz de una actualización de la declaración de actividades del propio concejal, presentada recientemente. A partir de ese momento, el gobierno local solicitó informes técnicos a la Secretaría municipal para determinar si existía o no una causa de incompatibilidad, un análisis que todavía sigue en marcha.
Confianza plena en Bahamonde
El alcalde ha defendido públicamente la gestión del edil y ha insistido en su confianza personal en él, destacando su trayectoria y trabajo dentro del equipo de gobierno. Al mismo tiempo, ha subrayado que la decisión no supone una condena ni un juicio político, sino una medida preventiva mientras se resuelve el procedimiento.
Por su parte, Bahamonde ha negado haber favorecido a ninguna empresa en el ejercicio de sus funciones y ha recordado que las licencias urbanísticas son actos reglados, es decir, sujetos a normativa estricta y no a decisiones discrecionales. También ha explicado que su entrada en la empresa se produjo una vez iniciado el mandato, aunque reconoce que la actualización de su situación generó polémica pública.
El caso ha provocado además cierta tensión social en el municipio, con críticas y actos de protesta dirigidos contra el concejal, algo que tanto él como el alcalde han condenado públicamente, reclamando respeto y prudencia hasta que haya una resolución definitiva. Mientras la investigación sigue abierta y pendiente de informes administrativos y judiciales, el gobierno local ha querido reforzar el mensaje de presunción de inocencia y mantener la estabilidad institucional.
