La Diputación de Lugo le reclama a la Xunta de Galicia que asuma las competencias a las que está obligada por Ley y que “le pague lo que le debe a los vecinos y vecinas de la provincia” en materia de residencias. Esta demanda es el contenido principal del acuerdo impulsado por el Gobierno provincial en el Pleno Ordinario de este martes.
Dicho acuerdo llega tras haber abierto un proceso de negociación con la Xunta de Galicia para que asuma tanto la financiación de los Centros de Atención a Mayores de la institución, como su inclusión en la red pública de residencias autonómicas.
La propuesta recoge también reclamar al Gobierno gallego que modifique su modelo macro residencial para fortalecer y consolidar una red gallega de residencias públicas de pequeño tamaño. El objetivo de esta iniciativa es garantizar la permanencia de los mayores en su entorno, mejorando la atención y generando empleo de calidad que contribuya a fijar población en el rural.
Una obligación recogida en la Ley
Por su parte, el Partido Popular se ha negado a que la Xunta asuma su deber legal de contribuir a la financiación de los servicios de atención a las personas mayores en la provincia. Un deber que está recogido, según recuerda la Diputación, «tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Ley de Servicios Sociales».
El Diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, recalcó que, por Ley, la Xunta debe “contribuir a esa gran labor de la que estamos muy orgullos en la Diputación” porque hasta ahora “no aportó nada, ni para la construcción, ni para la financiación de los centros de atención a mayores provinciales”.
“Tratar de justificar que la Xunta colabora con las libranzas vinculadas es, o no tener ni idea, o ser hipócrita, porque estas son un derecho de los usuarios y usuarias, que la Xunta les tiene que dar porque no tiene plazas públicas de residencia suficientes”, añadió el diputado.
Galicia cuenta con un 20% menos de plazas que la media estatal
En este sentido, Pablo Rivera subrayó que, según cifras oficiales del IMSERSO, Galicia está a la cola de las comunidades autónomas de toda España en plazas públicas en residencias, con tan sólo el 41%. Mientas que la media estatal es del 62%, y que existe un déficit de 14.902 plazas residenciales en Galicia para alcanzar la razón de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años, según un informe de la Asociación Estatal de Directivos y Gerentes de los Servicios Sociales.
El Diputado de Promoción Económica y Social aseguró que la pandemia puso de manifiesto el fracaso de este modelo privatizador de la Xunta, admitido por el propio Gobierno gallego al anunciar su intención de diseñar un nuevo modelo de residencias.
Pablo Rivera argumentó que la Diputación de Lugo dedica 30 millones de euros –aproximadamente un 33% de su presupuesto- a políticas sociales, mientras la Xunta solo destina a este fin un 8% de su presupuesto global. “Llevamos años supliendo la inacción de la Xunta de Galicia y haciendo un esfuerzo para acercar servicios sociales públicos universales y de calidad al vecindario, sobre todo en el rural”, explicó el Diputado.
Asimismo, Rivera Capón recordó que, como ya hizo el Presidente de la Diputación, José Tomé Roca, en diversas ocasiones, una de ellas en el Parlamento de Galicia, la Diputación ofrece a la Xunta su modelo de residencias: público, de cercanías, con centros de pequeño tamaño, con entre 25 y 40 plazas de media, con casi un cuidador por persona y que crea empleo sostenible y fija población en el rural. “Somos un buen espejo en el que mirarse”, aseguró Rivera Capón.
