El Ayuntamiento de Lugo avanza en el procedimiento para entregar a las familias que ocupan las 15 viviendas de la Croa las escrituras de las mismas. Esta tarde, la regidora, Lara Méndez, asistió al inicio de las labores de derrumbamiento de las edificaciones que ocupaban los terrenos, paso previo para que el Ayuntamiento pueda registrar el parcelamiento de los predios antes de cedérselos a sus adjudicatarios.
«Se trata de una decena de pequeñas construcciones, la mayoría en estado ruinoso y deshabitadas desde hace décadas, que se mantienen en el ámbito de actuación del proyecto y que resulta preciso eliminar para proceder a la regularización de la propiedad. La intervención tendrá un coste de 36.728 euros y un plazo de ejecución de un mes», indicó la alcaldesa. Méndez explicó que las obras que comenzaron este jueves darán como resultado una zona libre de una extensión aproximada de 1.900 metros cuadrados, entre áreas verdes y dotacionales.
«El espacio será inmediatamente acondicionado, creando áreas de esparcimiento que darán servicio al entorno y a los residentes de este núcleo, para lo cual se tendrán en cuenta también sus demandas. Y, puesto que el proyecto de parcelamiento ya está finalizado, lo único que resta es aprobarlo definitivamente, antes de registrar las nuevas parcelas resultantes y adjudicárselas sus titulares«, afirmó la regidora.
La alcaldesa recordó que, después del encargo de gestión que el Consejo de Administración de Evislusa aceptó en junio de 2020 para redactar el proyecto de parcelación de esta superficie municipal, se llevaron a cabo, entre otras tareas asociadas necesarias, el estudio topográfico, la validación catastral y la prospección arqueológica de la extensión afectada, debido a su cercanía al yacimiento del Castro de A Croa. Trabajos que, en su conjunto, supusieron una inversión de otros 35.000 euros.
El núcleo residencial de A Croa tuvo su origen en el año 1992, en la etapa de Gobierno del PP en el Ayuntamiento, como un proyecto de construcción de viviendas en el marco de un plan para la erradicación del chabolismo. En ese año se firmó el acuerdo de cooperación entre el Ayuntamiento y el IGVS para sacar adelante la iniciativa y, en 1995, se concedió la licencia de construcción.
En el 2008, el Ayuntamiento solicitó la inscripción de la parcela en la que se sitúan los inmuebles en el Registro de la Propiedad, y tras el impulso dado al procedimiento por el Ejecutivo de Lara Méndez, fue en el año 2016 cuando se formalizó la inscripción de los mismos en el Registro, que este organismo remitió a la entidad local en junio de 2017.
