El Boletín Oficial del Estado ha dado a conocer una reforma de la legislación sanitaria gallega que, tras años de protestas y reclamos de los propios profesionales del ámbito de la salud, introduce sanciones económicas para quienes agredan o falten al respeto al personal. Las multas previstas oscilan entre los 300 y los 15.000 euros, en función de la gravedad de los hechos.
La medida afecta a todo el personal del sistema sanitario en Galicia -tanto del sector público como del privado– y amplía la protección a trabajadores vinculados al traslado de pacientes, como los equipos de ambulancias, que también quedarán cubiertos por esta normativa.
La violencia contra el personal, en aumento
Según los datos recogidos en la propia ley, durante 2024 se registraron centenares de episodios de violencia contra profesionales sanitarios en la comunidad. De ellos, una parte importante correspondió a insultos, amenazas o gestos ofensivos, mientras que varios centenares implicaron agresiones físicas. También se contabilizaron numerosos incidentes en centros de atención primaria y en servicios fuera del ámbito hospitalario.
El objetivo principal de esta reforma es reforzar la protección del personal sanitario frente a conductas violentas, ya provengan de pacientes, familiares o acompañantes, incluyendo aquellas realizadas a través de medios digitales. La norma también subraya la obligación de respetar la reputación y el trabajo de los profesionales, considerando su incumplimiento como una infracción.
Las grabaciones en consulta, objeto de cambio de paciente
Otro de los aspectos regulados es el uso de dispositivos de grabación durante las consultas médicas. A partir de ahora, los pacientes deberán contar con autorización previa para grabar imágenes o sonido. En caso contrario, el profesional podrá considerar rota la relación de confianza y solicitar el cambio de paciente a otro facultativo, dejando constancia de ello en su historial clínico.
Las infracciones leves incluyen comportamientos como insultos, faltas de respeto o acciones que alteren el funcionamiento normal de los centros sanitarios, así como los daños a instalaciones o equipos. En el caso de las infracciones graves, la normativa contempla conductas como amenazas, coacciones, acoso —incluido el digital— o cualquier tipo de represalia contra el personal sanitario, especialmente si existe reincidencia.
Estas sanciones administrativas podrán aplicarse de forma independiente a posibles procedimientos judiciales, en caso de que los hechos también constituyan delito.
