El Parlamento de Galicia ha aprobado este martes, con el único respaldo del PP, la nueva ley que regula la actual CRTVG, que pasará a llamarse Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia. La norma ha sido rechazada por BNG y PSdeG, que acusan a los populares de «consagrar la manipulación y el control político» de los medios públicos gallegos.
La votación registró una abstención, probablemente del diputado de Democracia Ourensana (D.O.), Armando Ojea, quien consideró que la reforma supone «poco más que un cambio de nombre» y denunció el «fuerte control político» que ejercen los gobiernos sobre la CRTVG y RTVE.
La sesión parlamentaria comenzó con un minuto de silencio en memoria de Paula Alvarellos, la alcaldesa de Lugo fallecida recientemente. Posteriormente, el debate sobre la ley estuvo cargado de tensión. La diputada del BNG, Olalla Rodil, subió a la tribuna con un mando de televisión en la mano y lo usó como metáfora para criticar al PP, acusándolo de querer «imponer su pensamiento único» y «convertir los medios públicos en una fábrica de mentiras».
La diputada socialista Silvia Longueira alertó de que, con el cambio de denominación de la CRTVG, los actuales responsables «reiniciarían su contador a cero», lo que, según ella, plantea «graves dudas legales» en materia de contratación de personal directivo.
Desde el PP, la diputada Carmen Pomar defendió la reforma como «necesaria y útil», asegurando que responde a las «nuevas necesidades del sector» y se ajusta a la normativa europea. Pomar acusó a la oposición de buscar el «disenso sistemático» y aseguró que, independientemente del contenido del texto, BNG y PSdeG habrían votado en contra.
Además, la diputada popular reprochó a los grupos de la oposición «manipular al personal» en una jornada en la que los trabajadores de la CRTVG se declararon en huelga en protesta por la externalización de los informativos y en defensa de su convenio. También se celebró una concentración ante el Parlamento contra la «manipulación» en la corporación pública.
Protestas y críticas a la reforma
Tereixa Navaza, portavoz de los trabajadores movilizados, describió la aprobación de la ley como «el velatorio de los medios públicos gallegos» y advirtió que «no nos rendiremos». El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) también expresó su rechazo a una norma que, a su juicio, «rompe los consensos sobre los medios públicos y limita la libertad de prensa».
Uno de los puntos más polémicos de la nueva regulación es la modificación del proceso de elección del director xeral del ente. A partir de ahora, si en dos votaciones no se alcanza la mayoría reforzada necesaria, el candidato podrá ser elegido por mayoría absoluta, lo que en la práctica otorga al PP la capacidad de designar al responsable de la corporación sin necesidad de pactar con la oposición.
Con la entrada en vigor de la nueva ley, el Parlamento dispone de un plazo de tres meses para renovar los órganos de gobierno de la corporación. A pesar de las críticas y las movilizaciones en contra, el PP ha sacado adelante la reforma en solitario, asegurando que continuará con su implementación sin ceder a la «presión» de la oposición ni de los trabajadores de la corporación.
