Galicia endurece las sanciones por usar el móvil en clase con expulsiones de hasta 20 días

La nueva normativa educativa contempla castigos de entre seis y 20 días lectivos por utilizar dispositivos electrónicos durante la jornada escolar y refuerza las medidas contra el acoso y el ciberacoso
Imagen de archivo de un colegio | Xunta de Galicia
Imagen de archivo de un colegio | Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia prepara un endurecimiento del régimen disciplinario de los centros educativos con nuevas medidas destinadas a mejorar la convivencia y garantizar el cumplimiento de las normas escolares. Entre los principales cambios figura la posibilidad de expulsar al alumnado entre seis y 20 días lectivos por utilizar el teléfono móvil durante la jornada escolar, además de imponer tareas educativas como alternativa a la suspensión de asistencia.

Las modificaciones se incorporan a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2027 y reorganizan la clasificación de las conductas contrarias a la convivencia. El sistema pasará a distinguir entre infracciones leves, graves y gravemente perjudiciales, con sanciones adaptadas a cada comportamiento.

Usar el móvil durante la jornada escolar podrá conllevar la expulsión

La utilización de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos se considerará una conducta grave contraria a la convivencia escolar cuando se produzca durante la jornada educativa. La restricción incluye las entradas y salidas del centro, los recreos, los comedores y las actividades extraescolares.

Ante estas infracciones, los centros podrán imponer tareas educativas o actividades académicas, dentro o fuera del horario lectivo, o acordar la expulsión del alumno durante un período de entre seis y 20 días lectivos. En caso de suspensión de asistencia, el estudiante deberá continuar realizando desde casa las actividades correspondientes para evitar que la sanción interrumpa su proceso de aprendizaje.

La medida refuerza la prohibición del uso de móviles en los centros educativos gallegos, vigente desde enero de 2024, aunque se mantienen determinadas excepciones vinculadas a actividades pedagógicas. Además, la Xunta prevé limitar el uso académico de estos dispositivos, que quedará restringido a partir de tercero de la ESO.

El acoso y el ciberacoso tendrán consecuencias más severas

La reforma también busca reforzar la respuesta de los centros ante situaciones de acoso escolar y ciberacoso, conductas que se emarcan dentro de las infracciones gravemente perjudiciales para la convivencia y que, en consecuencia, pueden conllevar medidas más contundentes.

Entre las resoluciones previstas figura el cambio de centro educativo para el alumno responsable de una situación de ciberacoso, con el objetivo de proteger a la víctima y evitar que el comportamiento quede sin respuesta.

La aplicación de las medidas dependerá de las circunstancias de cada caso, la gravedad de los hechos y la posible reincidencia y los centros educativos siempre tendrán un papel fundamental a la hora de determinar las sanciones.

No entregar los deberes de forma reiterada también podrá sancionarse

Las nuevas normas contemplan asimismo medidas disciplinarias para determinados incumplimientos académicos. Entre ellos figuran no entregar de forma reiterada las tareas propuestas por el profesorado y acudir repetidamente a clase, sin justificación, sin los materiales necesarios para seguir las actividades.

En estos supuestos, el alumnado podrá recibir tareas educativas adicionales o actividades académicas dentro o fuera del aula. Según la gravedad o la reiteración de la conducta, también podrá acordarse una expulsión de hasta cinco días lectivos.

La aplicación de estas nuevas medidas corresponderá a los centros educativos, que siempre deberán valorar la gravedad de la infracción, las circunstancias en las que se produce y si el alumno ha cometido conductas similares anteriormente. Con este cambio intentan que no se apliquen de forma automática sino que se tenga en cuenta el contexto y la reiteración de lo sucedido.

Con esta reforma, la Xunta pretende reforzar la autoridad del profesorado, mejorar el clima en las aulas y establecer un marco de actuación más definido ante las infracciones.

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