El PSOE ha anunciado que está evaluando la legalidad de la vivienda de Eva Cárdenas, pareja del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su solicitud para ampliar hasta 2037 la concesión del terreno público que da acceso a la playa desde su propiedad en Moaña (Pontevedra).
Los socialistas han explicado que, «a la espera» de una posible actuación de la Fiscalía, las informaciones disponibles sugieren que «podría considerarse que hay suficientes irregularidades como para poder iniciar una acción judicial». En particular, el PSOE duda de «si es legal» la solicitud para la concesión del acceso a la playa, debido a que «existen múltiples indicios de que la parcela se encuentra en situación ilegal».
Desde la sede del PSOE, se ha criticado que la pareja de Feijóo «ha decidido litigar con el Estado para quedarse el acceso privado a una playa pública». Consideran preocupante que alguien que aspira a la presidencia del Gobierno de España actúe de esta manera en relación con un bien público. Además, han subrayado que es «justicia» saber «si son legales las construcciones» que Eva Cárdenas ha realizado para convertir en privada una zona de acceso a una playa pública.
600.000 euros más en su patrimonio
Por otro lado, los socialistas también han cuestionado «el rápido aumento patrimonial de 600.000 euros» que Feijóo reveló al Senado en 2022, cuando asumió la presidencia del PP. Lo comparan con la «actuación» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el «ático» de su pareja, Alberto González Amador. El PSOE ha denunciado que estos «atropellos» se realizan sin vergüenza, convencidos de que no tendrán ningún coste social ni electoral.
En cuanto a la solicitud de la concesión, la pareja de Feijóo, Eva Cárdenas, pidió en el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra una concesión hasta 2037 para el terreno público que permite acceder a la playa de O Con desde su vivienda en Moaña. Este trámite está enmarcado en un procedimiento iniciado por Costas para recuperar un terreno de 210 metros cuadrados que pertenece al dominio público marítimo-terrestre. La concesión, que se solicita bajo la ley de costas, tiene como base la posibilidad de autorizar estos derechos por 30 años a los usuarios previos de terrenos públicos.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que la Administración autonómica «aplicará la ley» si le corresponde resolver la solicitud de concesión del terreno público en cuestión.
