La Deputación da Coruña exigirá a Audasa el pago de 1,3 millones de euros correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la AP-9 por el último trimestre de 2023. Así lo ha anunciado la institución provincial tras una reunión con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la autopista en la provincia.
El presidente de la Deputación, Valentín González Formoso, encabezó el encuentro en el Pazo de Mariñán, en Bergondo, donde, además de acordar la reclamación, se decidió impulsar una actualización catastral para revisar las cantidades que Audasa abona en concepto de IBI.
Formoso explicó que esta medida responde a la petición de los municipios de exigir el pago del impuesto desde el 19 de agosto de 2023 —fecha en la que finalizó la bonificación del 95% de la que se beneficiaba Audasa— hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
En total, los 18 ayuntamientos que han delegado la gestión del IBI en la Deputación recibirán 1,3 millones de euros, quedando excluidas las ciudades de A Coruña, Ferrol y Santiago de Compostela, que gestionan este tributo por su cuenta.
Esta reclamación se produce después de que la Deputación haya liquidado el 100% del IBI de 2024, lo que ha supuesto un incremento en la recaudación de los municipios afectados, pasando de apenas 189.000 euros a casi 3,8 millones anuales.
Formoso recordó que esta liquidación se llevó a cabo de oficio, sin coste adicional para los ayuntamientos ni para los ciudadanos, gracias a la actuación de los servicios tributarios provinciales. Todo ello en aplicación del Real Decreto que estableció el 19 de agosto de 2023 como fecha de finalización de la bonificación del 95% que Audasa disfrutaba desde 1972.
